Tierra quemada

El Partido Popular (PP) parece decidido a menoscabar el prestigio de las instituciones del Estado que más crédito deberían tener entre la ciudadanía. Recientemente, su portavoz de Economía en el Congreso, Miguel Arias Cañete, puso en duda de manera insidiosa los datos de contabilidad nacional que indicaban un crecimiento del 3,8% durante el año 2007. A continuación, el número dos de la lista del PP por Madrid, Manuel Pizarro, se atrevió a decir que las listas de parados se borraban con tippex, cuando es evidente que la marcha del paro no ha sido favorable para los intereses del Gobierno; y, por fin, Eduardo Zaplana acusó al Banco de España de haber dado instrucciones para que "la mala situación económica se note lo menos posible". La directora del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, tuvo que negar tajantemente ayer que el INE haya sufrido presiones de ningún Gobierno.

Las cuentas públicas y las estadísticas que afectan a todos los españoles están elaboradas por organismos que deberían estar por encima de toda sospecha. Quien intente discutir su imparcialidad debería presentar pruebas contundentes.La razón es que una sociedad bien estructurada necesita informaciones incontestables sobre las cuales se pueda articular el debate político, sea la población activa, el número de parados, la tasa de inflación o las preferencias políticas de los españoles que expone periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si este punto de partida común se pone continuamente en cuestión, la sociedad española acabará por carecer de referencias sobre sí misma y ofrecerá una imagen tercermundista ante sus socios europeos y el resto del mundo.

Con esta política de tierra quemada, el PP obra con torpeza. Ni ofrece pruebas ni dispone de argumentos para sustentar sus acusaciones; sus dirigentes tan sólo demuestran que están dispuestos a cualquier disparate para desacreditar al Gobierno. Socavan la credibilidad de organismos sobre los que su partido tendrá que apoyarse si volvieran a gobernar. Ensucian productos estadísticos de gran fiabilidad, como el IPC o la encuesta de población activa, reconocida por los estadísticos europeos.

Estas razones deberían bastar para que el PP cese de extender sospechas sobre las estadísticas y encuestas públicas. No existen precedentes de que en ningún país democrático, por enconada que sea su campaña electoral, se desacredite conscientemente el acervo estadístico común. En la memoria colectiva persiste todavía el infame apagón estadístico perpetrado por los Gobiernos del PP que dejó sin información pública a todos los españoles, o la insidiosa manipulación de los expedientes tributarios para acusar al Gobierno del PSOE de perdonar impuestos a sus amigos. Sería deseable, pues, que los partidos políticos respeten las estadísticas públicas como una muestra de respeto a la sociedad y a sí mismos.