La elefantiasis del Estado niñera
Hay un nuevo organismo del Gobierno británico cuya supuesta tarea es investigar a uno de cada cuatro ciudadanos para ver si somos posibles maltratadores de niños. Existen mejores formas de lograr el equilibrio entre la libertad y la seguridad.
Creo que el Gobierno británico no ha hecho lo suficiente en sus esfuerzos para proteger a nuestros niños. No basta con que la recién creada Autoridad Independiente de Salvaguardia investigue a todos los adultos que tengan contacto habitual con niños fuera de casa. Como es sabido, la mayoría de los casos de maltratos infantiles se producen dentro de la familia o a manos de amigos de la familia. Por consiguiente, el Estado necesita entrar en los hogares para garantizar la absoluta seguridad de cada niño.
El Gobierno británico ha dado al problema de la pedofilia una solución mala y burocrática
Hay que educar a los niños para que puedan juzgar por sí mismos
Por suerte, gracias a la exhaustiva y pionera labor de seguridad llevada a cabo por el Gobierno de Tony Blair y por la policía metropolitana bajo su antiguo jefe Ian Blair, ahora podemos poner en práctica una excelente propuesta hecha hace unos años por el analista político Eric Blair. Éste sugirió, adelantándose a su tiempo, que el Estado instalara cámaras ocultas de funcionamiento permanente en cada hogar, para vigilar la aparición de cualquier indicio de comportamiento desviado y cortarlas de raíz. Las llamó "telepantallas".
Sin embargo, los expertos en protección infantil señalan que la telepantalla no cubriría todas las situaciones en las que pueden ocurrir malos tratos. Por tanto, la Autoridad de Salvaguardia debería cambiarlo por un sistema de chips en el cerebro para cada adulto que tenga contacto con un niño, incluidos los padres, que constituyen, por supuesto, una posible amenaza grave para sus propios hijos. Dichos chips, conectados al nuevo Registro de Identidad Nacional, la Oficina de Antecedentes Penales, la Base de Datos de ADN (la británica es la mayor del mundo), la Base de Datos Nacional de Alumnos, el Servidor Nacional de la Policía, los archivos de los servicios de seguridad, MI5, y los de inteligencia, MI6, y otras 17 bases de datos del Gobierno, conocidas y por conocer, garantizarían que todos los niños británicos pudieran dormir tranquilos y a salvo en su cama, sabiendo que la todopoderosa Autoridad de Salvaguardia, ya consolidada y dirigida por lord Peter Mandelson, los protege día y noche. Duérmete niño, duérmete ya / que viene la Autoridad de Salvaguardia / y a tu mami se llevará.
Incluso la pluma satírica de George Orwell (su nombre de pila era Eric Blair) languidecería ante esta monstruosa elefantiasis del Estado niñera que el nuevo laborismo va a dejar como legado a Gran Bretaña, en sudecimotercero y, sin duda, último año de poder. Podría decirse que hablar de la protección de los niños frente a los malos tratos es escoger un mal ejemplo, sobre todo en una semana en la que una empleada de una guardería británica llamada Vanessa George ha sido declarada culpable de actos especialmente repugnantes en su trato con niños. Es evidente que no hay nada más importante que proteger a niños inocentes. Pero la verdad es que éste es un magnífico ejemplo del proceso por el que unas intenciones buenas y llenas de humanidad se traducen en respuestas malas y burocráticas.
Lo que ha sucedido es lo siguiente. Tras el horrible asesinato de dos colegialas a manos de Ian Huntley, conserje en otro colegio que no era el suyo, en el pequeño pueblo de Soham, Cambridgeshire, el Gobierno de Blair reaccionó como era de esperar al coro mediático de "¡Hay que hacer algo!" y puso en marcha una comisión de investigación. Entre otras recomendaciones, la comisión pidió el establecimiento de un registro de todos los que trabajan con niños. Después de aprobar una legislación detallada y dar al nuevo organismo el título, verdaderamente orwelliano, de Autoridad Independiente de Salvaguardia, sus burócratas idearon un modelo perfeccionista cuyo fin era investigar nada menos que a 11,3 millones de personas -uno de cada cuatro adultos en el Reino Unido- que, en su mayoría, tendrían que pagar una matrícula de 64 libras para obtener el permiso, incluidos los que sólo tuvieran contacto con niños una vez al mes.
Pero algunos destacados escritores para niños, como Philip Pullman, el popularísimo autor de La materia oscura, dijeron que iban a dejar de hacer lecturas en los colegios en señal de protesta -"¿por qué", preguntó Pullman, "voy a tener que pagar 64 libras a un organismo del Gobierno para que me dé un pequeño certificado que dice que no soy un pedófilo?"-, y entonces el secretario de Escuelas ordenó revisar el alcance del escrutinio. Como consecuencia, la Autoridad Independiente de Salvaguardia sólo va a investigar a unos nueve millones de personas, con un coste inicial aproximado de 170 millones de libras. A partir de ese momento, quienes pongan a personas no investigadas en contacto habitual con niños tendrán que pagar una multa de 5.000 libras.
Si a eso se suman las comprobaciones que ya se realizan en la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales, el efecto es aterradoramente disuasorio. Una persona que dirige un grupo de teatro juvenil dice que le será prácticamente imposible garantizar que todos sus colaboradores están registrados, y que no tiene dinero para pagar la multa de 5.000 libras.
La eficacia de la medida es discutible. La maltratadora infantil Vanessa George había superado la comprobación de la Oficina de Antecedentes Penales. Parece bastante probable que el nuevo organismo también la hubiera dejado pasar. Ah, no, responden, sería distinto, porque la Autoridad puede utilizar inteligencia blanda de la policía: es decir, pequeños datos, informes, denuncias y rumores, aunque no hayan desembocado en una condena. Pero, en ese caso, este procedimiento vulnera el principio básico de que una persona es inocente mientras no se demuestre que es culpable.
La Autoridad Independiente de Salvaguardia nos tranquiliza en su página web y nos dice que cualquiera que corra peligro de que le prohíban el contacto será notificado de antemano y "compartiremos con ellos toda la información en la que nos basamos". Sin embargo, en la recomendación original había una frase que decía que "la policía, como ahora, podría identificar informaciones sobre las que no habría que revelar ningún detalle al solicitante". Cuando pedí al jefe de prensa de la Autoridad que me aclarara este punto, reconoció que dependería del "criterio" de los jefes de policía. Entonces, ¿la página web mentía, a la gente no se le daría forzosamente toda la información? Eh... sí. ¿Y uno no sabría qué es lo que no sabe? Eh... ¿podría hacerle la pregunta por correo electrónico? En respuesta al electrónico en el que le pregunté qué información se ocultaría y en qué circunstancias, me escribió que "esta pregunta debe responderla la policía". Cuando pregunté "¿Quién y en qué parte de la policía?", sugirió que me pusiera en contacto con la Asociación de Jefes de Policía. Ya se ve lo "independiente" que es esta Autoridad.
¿Y qué pasa si, por informaciones de la policía que no estoy autorizado a saber, la Autoridad se equivoca y me califica de pedófilo? ¿A quién recurro? Pues resulta que puedo recurrir sólo sobre algún detalle legal o un dato concreto a la Cámara Administrativa de Apelaciones del Tribunal Superior, situado en Chichester Rents, Chancery Lane (en el centro de Londres). Si tuviera mucho tiempo libre y mucho dinero para pagar a buenos abogados, seguramente podría ganar el caso, al cabo de unos años, con ayuda de la Ley de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿qué mensaje transmite esto a quienes desean ofrecerse para ayudar a nuestros niños?
Y otra cosa igualmente grave: ¿qué mensaje transmite esto a los propios niños? Eileen Munro, destacada especialista en protección infantil en la London School of Economics, dice que "la gente se ha vuelto excesivamente angustiada, y tenemos que recordar el daño que estamos haciendo a los niños. Estamos haciéndoles pensar que el mundo está lleno de personas peligrosas". Ella sugiere que nuestro dinero público, asfixiado por la recesión, se aprovecharía mejor ayudando a padres y maestros a educar a los niños para que aprendan a juzgar por sí mismos sobre los riesgos y financiando el excelente servicio de Childline, el teléfono de ayuda para cuando los padres y los maestros fallan. Espero que el próximo Gobierno tenga en cuenta sus consejos.
"Dejad que los niños se acerquen a mí", dijo un maestro judío nada oficial y de aspecto sospechoso. En este país, imposible. Por lo menos hasta que pagues 64 libras y obtengas la autorización de la Autoridad de Salvaguardia.
Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos, ocupa la cátedra Isaiah Berlin en St. Antony's College, Oxford, y es profesor titular de la Hoover Institution, Stanford. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
