Bizkaia se resiste a abrir su Hacienda a campañas antifraude coordinadas
Gipuzkoa y Álava piden más tiempo, pero defienden la actuación conjunta
La unión de las Haciendas y sus recursos convierte en más efectiva la lucha contra el fraude fiscal. Al menos eso se deduce de la posición de la UE, que empieza a tomar medidas para armonizar algunos impuestos y para combatir el fraude a nivel transnacional. En Euskadi ese escenario todavía no resulta posible. Técnicos de la Diputación de Bizkaia, que gobierna el PNV, trasladaron ayer a sus homólogos de Gipuzkoa, en manos de Bildu, y de Álava del PP, que esa institución no se muestra partidaria de abrir su Hacienda a campañas coordinadas de lucha contra el fraude fiscal como propuso el lehendakari, Patxi López, el pasado 20 de julio. La cita se produjo en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que también se sienta el Gobierno socialista.
El Ejecutivo quiere recibir aportaciones a la propuesta del 'lehendakari'
La conexión en tiempo real de las bases de datos aún no se ha abordado
López planteó ese día por separado a los tres diputados generales la elaboración un plan integral coordinado entre las Haciendas forales y el Ejecutivo que estableciese objetivos definidos, más inspecciones y mayor transparencia a la hora de confeccionar los informes fiscales. Además, defendió la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias de las Haciendas y las sociales, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de Lanbide.
Tras la cita de ayer, presidida por la viceconsejera de Hacienda y Finanzas, Manuela Escribano, el Gobierno valoró públicamente el esfuerzo de Gipuzkoa y de Álava, y les agradeció su disposición a trabajar en esa línea, aunque las dos instituciones pidieron un poco más de tiempo debido al reciente cambio de Gobierno en ambas.
Fuentes del Ejecutivo se mostraron esperanzadas en que "las reticencias" de Bizkaia vayan desapareciendo poco a poco a medida que avanzan las semanas y las negociaciones.
El representante vizcaíno se quejó en la reunión "por las formas" del Ejecutivo, al difundir públicamente las propuestas, reiteró su negativa a una subida de impuestos, y mostró su disconformidad con incluir la lucha contra el fraude en una reunión de carácter técnico.
Sin embargo, las haciendas de Gipuzkoa y Álava sí mostraron su disposición a fijar y desarrollar campañas conjuntas de inspección, y a establecer objetivos comunes contra el fraude. Donde entran las discrepancias es en la reforma tributaria. Álava y Bizkaia coinciden inicialmente en la "inconveniencia" de recuperar el Impuesto de Patrimonio y el PP no cree oportuno subir el de Sociedades, sobre todo en un momento de escasa actividad económica. Aunque el debate todavía no ha llegado al punto de estudiar la posibilidad de que las bases de datos tributarias de las tres Haciendas se conecten a tiempo real, esa es una de las conclusiones fundamentales de la propuesta de López.
Cada Hacienda foral está desconectadas del resto de instituciones -solo permiten entrar a sus bases de datos si hay una inspección concreta de la Agencia Tributaria o de otra Hacienda-, su fiscalidad no está armonizada -cada una tiene sus deducciones específicas-, y a veces mantienen figuras que las otras han eliminado -Gipuzkoa mantuvo el Impuesto de Patrimonio durante cerca de un año tras ser suprimido en los otros dos territorios-.
Diputaciones y Gobierno acordaron volver a reunirse a comienzos de octubre y adelantar varias fechas otra cita ya prevista para la segunda semana de ese mismo mes. Posiblemente Bizkaia hará públicas sus propuestas concretas ese día.
El ex diputado general de Gipuzkoa, el peneuvista Markel Olano, propuso ayer a las Juntas Generales como uno de los ejes de su política económica "una fiscalidad justa" que va "inevitablemente asociada a la eficacia en la recaudación y a una lucha eficaz contra el fraude desde la filosofía de la tolerancia cero".
La de ayer era la primera reunión del OCT tras las elecciones forales de mayo que han cambiado drásticamente el mapa político vasco. También era la primera vez en la que sus integrantes tomaban posiciones ante una propuesta de modificación fiscal y de lucha contra el fraude de semejante calado.
Un texto para que opinen los ciudadanos
El Gobierno y en especial el lehendakari quieren implicar de forma directa a la ciudadanía en la reforma fiscal que Patxi López ha convertido en uno de los pilares de su actuación frente a la crisis para los próximos meses. De esta forma, y al igual que ha hecho en ocasiones precedentes con varios proyectos de ley o iniciativas como la estrategia medioambiental hasta 2020, el Ejecutivo quiere recibir de los ciudadanos aportaciones, sugerencias y propuestas para el debate tributario.
Para ello, colgó ayer en su web de información (www.irekia.euskadi.net) y en la que dedica al Gobienro abierto (www.openideak.com), donde se ha creado un grupo de trabajo, el texto completo de la propuesta de reforma que López entregó a los tres diputados generales cuando se reunió por separado con ellos el pasado 20 de julio. Ya en el propio preámbulo de la propuesta se señala que resulta "fundamental" que las instituciones sean "capaces de proponer objetivos colectivos que conciten, a su alrededor, el máximo consenso ciudadano posible".
En defensa de su iniciativa, el Gobierno aseguró ayer que la reforma "persigue, entre otras cosas, que cada uno aporte según sus posibilidades, en función de su renta, luchando, al mismo tiempo, contra el fraude para que paguen todos aquellos que deben hacerlo, sin excepción alguna".
La iniciativa de participación se planteaba al mismo tiempo que los representantes técnicos del Ejecutivo y las tres Diputaciones se sentaban en Vitoria en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para debatir sobre la necesidad o no de modificar la fiscalidad para adaptarla a la actual coyuntura de crisis.
La propuesta que el lehendakari presentó en julio a los tres diputados generales tiene entre sus contenidos la recuperación del Impuesto de Patrimonio con un mínimo exento de 300.000 euros, la tributación de las sucesiones y donaciones en línea directa con un mínimo exento de 300.000 euros y tipo impositivo del 0,8%, elevar al 23% la tributación del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y eliminar la deducción de vivienda para las rentas superiores a los 24.000 euros, que sería aplicable solo a las nuevas compras.
El documento "tiene un carácter abierto que pretende conseguir, entre todos, la mejor fiscalidad posible, aquella que logre fomentar el empleo, desarrollar las políticas sociales, eliminar las duplicidades institucionales y lograr una fiscalidad más justa y equitativa", defiende el Gabinete.
La propuesta incluye además un compromiso por el empleo y la reactivación económica en Euskadi articulado en torno a seis grandes pilares, planteamientos para el desarrollo conjunto de las políticas y servicios sociales, un acuerdo para eliminar ineficiencias y duplicidades en las Administraciones públicas
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