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El PSE rebaja la Ley Antitabaco vasca para equipararla a la estatal

El País

El PSE presentó ayer en el Parlamento vasco tres enmiendas a la Ley Antitabaco con el objetivo de que la normativa autonómica "no sea más restrictiva" que la que apruebe el Congreso de los Diputados. La formación aseguró que las modificaciones están pactadas con el Gobierno de Patxi López y que no afectarán a algunos de los puntos más polémicos de la Ley como la prohibición de fumar en espacios abiertos o vehículos en los que haya niños.

Dos de las enmiendas presentadas por los socialistas se dirigen a la promoción y publicidad del tabaco dentro de los estancos. La propuesta de los socialistas contempla que en estos establecimientos se permita la promoción de estos productos siempre que no se dirija a los menores de edad, ni suponga una "distribución gratuita".

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La tercera modificación afecta a la venta de tabaco en paquetes de menos de 20 cigarros. El PSE rectifica y propone que la Ley no afecte en este sentido a los puros. La cuarta enmienda propone que la venta de tabaco a través de máquinas expendedoras se permita no sólo en quioscos, también en bares, restaurantes o salas de fiesta. Además, el PSE propuso la elaboración de un informe sobre el impacto económico de la normativa en el sector hostelero en un plazo de dos años desde su entrada en vigor.

EA por su parte presentó tres enmiendas a la Ley Antitabaco. Las alegaciones redactadas por la formación buscan corregir los "excesos" de la normativa en lo referido a la prohibición de fumar en zonas al aire libre y espacios privados como coches o habitaciones de hotel. Además, propone que los hosteleros no paguen por las infracciones que puedan cometer sus clientes.

Aralar, por su parte, redactó 14 enmiendas. Al igual que EA rechaza que se impida fumar en espacios abiertos y que se multe al dueño de un local si un cliente fuma en su interior. La formación además exige que los establecimientos que hicieron una inversión en 2005 para adaptarse a la antigua Ley tengan una compensación y que se suprima la función de control de la norma por parte de la Ertzaintza.

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