Presupuestos de mínimos
ELA ha calificado la reforma fiscal propuesta por Bildu de "caricatura", lo que obviamente se puede extender a las propuestas por las otras Diputaciones. Y es que, en efecto, el volumen de ingresos asociado a esa reforma representa tan solo el 0,25% de la recaudación actual por tributos concertados.
Pero ese criterio de "mínimos" a la hora de reformar los tributos se puede decir también que ha regido a la hora de fijar el gasto de nuestras cuatro instituciones. Todas se limitan a tratar de capear el temporal, pero sin entrar en el corazón del problema. Por eso, las alianzas políticas para aprobar esos presupuestos han sido sencillas y variopintas: el PP apoya al PSE-EE en el Gobierno vasco, pero al PNV en la Diputación de Bizkaia, mientras que recibe el apoyo del PSE-EE y del PNV en "su" Diputación de Álava. En cambio, en Gipuzkoa Bildu se apoya en el PSE-EE para pactar los impuestos, pero pacta el gasto con el PNV.
Los cuatro presupuestos coinciden en reducir drásticamente las inversiones, que es lo fácil
¿Por qué no ligar salarios públicos a la tasa de absentismo laboral?
Es como si los partidos confundieran disminuir el déficit con la necesidad de luchar contra la ineficacia administrativa, que es algo bien diferente. Lo que se necesita es una Administración eficiente, que gaste bien, lo que supone ahorrar en ineficiencias. Después se verá si destinar ese ahorro a disminuir el déficit o, mejor, a lanzar iniciativas dinamizadoras de la economía, porque es evidente que solo con ahorrar no se sale de la crisis.
Leyendo los cuatro presupuestos se ve que todos coinciden en reducir drásticamente las inversiones y las transferencias hacia los ciudadanos, que es lo fácil, pero que eluden reformar su propia estructura. Tampoco introducen criterios objetivos para seleccionar los proyectos a fomentar. Por no aparecer no aparece ni el objetivo de acabar con los solapamientos administrativos derivados de nuestro complejo sistema foral, ni el de podar drásticamente la fronda de sociedades públicas.
Ni un mínimo intento de reformar la función pública y ello pese a que sabemos que el coste de esa función es altísimo, (5.471 millones de euros en el año 2009), limitándose a "congelar" el gasto en personal. Incluso eso lo hacen destruyendo empleo interino, en lugar de repartiendo el trabajo para mantener el empleo.
En mi opinión, deberían haber programado una reducción progresiva de los salarios públicos con la finalidad de llevarlos al nivel de lo que ganan los empleados privados de similar categoría, de manera que se compatibilice el mantenimiento del empleo con la lucha contra el déficit. ¿Por qué no ligar salarios públicos a la tasa de absentismo laboral? ¿Por qué muchos empleados públicos vascos ganan un 30% más que lo que se paga en la calle por ese puesto? ¿Por qué se permite que las contratas privadas que trabajan para la Administración facturen un 30% o un 40% por el mismo trabajo que si lo hacen para la empresa privada? Todo parece un despropósito que se basa en la idea de que la Administración es una vaca a la que se puede ordeñar impunemente.
Debemos recordar que no hay Administración mas ineficaz y despilfarradora que la que solo gasta para sí y no para el ciudadano. Eso ocurre cuando un departamento reduce las actividades culturales que fomenta, pero mantiene el coste de sus funcionarios; o cuando una universidad reduce sus cursos, pero no reduce sus plantillas; o cuando un departamento de obras reduce las inversiones, pero solo congela su staff. Por el contrario, lo que se necesita es que la Administración haga más y mejores cosas que antes con el mismo o menos dinero que hasta ahora. Y eso exige reorganización interna y criterio a la hora de aplicar los recursos a actividades externas.
Porque el otro pilar de la ineficacia administrativa es la falta de criterio a la hora de seleccionar los proyectos, públicos o privados, que se financian desde la Administración. El ministro Blanco reconoció en el Congreso que las obras públicas se abordaban sin estudiar su verdadera rentabilidad futura. Estuvo muy bien la confesión, pero eso no le impidió seguir construyendo líneas de AVE que moverán vagones, pero no pasajeros.
Es urgente aprobar una ley que obligue a todas las Administraciones a justificar la rentabilidad futura de sus proyectos, con métodos homologados que impidan la picaresca. Otros países lo hacen habitualmente, como Francia, donde la SNCF solo puede acometer la construcción de una nueva línea de AVE si la rentabilidad económica prevista en el primer ejercicio de funcionamiento es del 6% y su rentabilidad social del 8%. Eso se traduce en que solo se construyen aquellas líneas que tienen un tráfico previsto de ocho millones de pasajeros anuales. Por supuesto, ninguna línea de AVE española tiene, ni de lejos, esas perspectivas, lo que explica la locura inversora española, con un dinero que no tenemos, y la mesura inversora francesa.
Por lo tanto lo que se necesita no es tanto una Administración que ahorre, cuanto una que seleccione los proyectos adecuados, que compare la rentabilidad entre invertir en una obra, o financiar una empresa de nuevas tecnologías, o mejorar el sistema educativo.
Se trata también de que esa Administración tenga un personal tan motivado, eficaz y pagado como en la empresa privada, pero no más. Y todo ello lo necesitamos ya, porque la crisis no perdona y está aquí para quedarse. Pero parece que habrá que esperar a los presupuestos del año que viene, porque estos son de mínimos.
