_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Primera medida contra la violencia

La primera medida que Bildu ha tomado a favor de su particular concepción de "ausencia de todo tipo de violencia" es prohibir mediante una circular de la alcaldesa de Andoain la entrada de los escoltas de los concejales amenazados en el Ayuntamiento. La alcaldesa, por demás, demuestra una concepción de su autoridad ilimitada, pues no sólo restringe la entrada de los guardaespaldas en la casa consistorial, sino en cualquier lugar público dependiente del Ayuntamiento.

Si algún sitio recoge la sensibilidad de la izquierda por el sufrimiento padecido ese es Andoain, y a los cinco días de acceso al poder de la nueva alcaldesa resulta un insulto, y no una argumentación, declarar que la presencia de agentes "armados venía generando inseguridad" dentro del Ayuntamiento, y que "no puede ser que haya ciudadanos que se sientan cohibidos a la hora de ir por la presencia de guardaespaldas". Parece ser que en Andoain, como en cualquier otra parte, ETA no ha asesinado a nadie. Es como si "aquí no hubiese pasado nada", pero, por el contrario, sigue sirviendo para entronizar un proyecto político que se ha servido, y se sirve, del terror. Supongo que es terror lo que hoy padecen los concejales amenazados, no sólo los de Andoain, sino Carlos García en Elorrio. En el fondo, todos los que no comulgamos con la Euskal Herria nacionalista lo sentimos de nuevo ante la dimensión del gesto de la alcaldesa de Andoain. Porque, además, la inicial y espontánea indiferencia del PNV da miedo.

Que la justicia no debe ser ciega ya nos los explicó hace años Juan Alberto Belloch cuando ejercía de juez progre en Bilbao. Lo que no nos dijo, porque no era necesario, es que no tenía que ser irresponsable. El Tribunal Constitucional acaba de cometer una irresponsabilidad no por permitir el ejercicio de un derecho fundamental a unas personas, sino porque, al autorizarlo, se lo empezaba a arrebatar al resto de los ciudadanos. ¿Acaso hacía tanto tiempo los hoy legalizados no jaleaban a una banda terrorista? ¿Acaso los hoy legalizados dieron muestras de condolencia por el asesinato de sus convecinos no nacionalistas, incluido el jefe de la policía municipal? ¿Acaso condenaron o rechazaron el pasado de ETA? El que no rompe con la referencia determinante de su pasado no sólo no rompe con ella, sino que la confirma.

Pero no es sólo la irresponsabilidad de un Constitucional, pues no va solo por la vida; es fruto de una corriente de pensamiento pragmática hasta el absurdo, nada "buenista", que observa el comportamiento de determinados sectores sociales con actitud proclive, que concede la discriminación positiva necesaria para que a continuación ejerzan la limitación de la libertad del resto de los ciudadanos. Lo de Andoain, Lasarte y Elorrio no es anecdótico. Vimos positivo lo insuficiente y acabamos aceptando lo inaceptable. El enterramiento de ETA se está haciendo en falso.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_