Zabaleta asegura el sistema de ayudas quebrará sin reforma legal

La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, empleó ayer la cifra de 60 millones de "déficit" a la hora de defender el cambio de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que regula las ayudas sociales vascas. La máxima responsable de la protección social en Euskadi centró su discurso en el pleno de control de la Cámara en la sostenibilidad del sistema de ayudas, cuando en ocasiones anteriores los argumentos habían mirado sobre todo a la empleabilidad de los perceptores.

Zabaleta fue contundente. Aseguró que el sistema de ayudas "quebrará" si no se reforma. Es decir, que Euskadi tiene una ley que no puede pagar: "No podemos dar derechos que no podemos sostener por no poder pagarlos", aseguró ante las preguntas de la portavoz de Aralar Aintzane Ezenarro.

"No podemos dar derechos que no podemos sostener al no poder pagarlos"

"Todos hemos modulado nuestra posición", reconoció la consejera, que desde la oposición defendió la ley aprobada en 2008 y que ahora reforma para vincular las ayudas al empleo -tramitándolas desde Lanbide-, pero también para estrechar su entrada -se pedirá un año de empadronamiento más cinco de cotización en la Seguridad Social o, en su defecto, de tres años de empadronamiento, en vez del año actual-.

¿Por qué el Gobierno añadirá más de 60 millones de euros para pagar las ayudas en una situación como la actual? Porque está obligado a hacerlo. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda son derechos subjetivos, lo que supone que cuando el presupuesto se termina, si alguien cumple con los requisitos el Gobierno está obligado a costearlo. El año pasado se emplearon en ello 40 millones. Este año a los 388 presupuestados se sumarán los 60 citados. Es por ello por lo que la única manera de hacer viable el sistema es limitar el acceso, ya que un recorte del presupuesto no tendría ningún efecto práctico.

Zabaleta hizo especial hincapié en que llevar a Lanbide las ayudas es una política de izquierdas. Así, enumeró que iniciativas como la suya han estado potenciadas en Europa por partidos de izquierdas y aseguró que ha firmado el cambio legal "sin empujones de nadie", en referencia al PP. No se refirió en estos términos a la otra parte, la que ha surgido a raíz del acuerdo alcanzado con su socio preferente, que endurece los requisitos de acceso y restringe la entrada de extranjeros. Según Ezenarro, este cambio hará que 3.000 personas se queden sin ayuda al año. Zabaleta aseguró que con el cambio Euskadi no estará a la cabeza de los países más duros y recordó que antes de 2008 se exigían tres años de empadronamiento para recibir ayudas.

En un pleno de control marcado por las ausencias del lehendakari, Patxi López, en viaje oficial a Estados Unidos, y del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, por enfermedad, Zabaleta defendió otra de las novedades de su cambio legal, la obligación de quienes reciben ayudas de que realicen trabajos para la comunidad. "En Alemania los perceptores van a domicilios de personas que viven solas y limpian sus platos", ejemplificó, asegurando que "esto está en el acervo de la activación". Asimismo, ante las dudas de Aralar, Zabaleta aseguró que están trabajando para concretar los protocolos que delimiten el significado de un "empleo adecuado", ya que al rechazarlo un perceptor perderá su ayuda. "¿Acaso se pueden recorrer miles de kilómetros para una oportunidad en Euskadi y no desplazarse 30 a un puesto de trabajo?", dijo en referencia a los trabajos ofertados lejos del lugar de vivienda.