El interrogante sobre Inclán del 'caso Margüello'
La tensión política se adueña del polémico cierre de las comparecencias
La comisión parlamentaria que investiga las presuntas irregularidades en contratos que Sanidad firmó, entre 1996 y 2009, con varias empresas vinculadas a José Carlos Margüello, ex jefe de Calidad de Cruces y amigo del exconsejero Gabriel Inclán, cierra sus comparecencias mañana. ¿Participó de forma activa la cúpula del departamento del PNV en este presunto entramado de irregularidades? Esa es la pregunta más importante que queda en el aire tras nueve meses y medio centenar de comparecencias.
El actual viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, adelantaba este viernes su respuesta asegurando que el volumen de presuntas irregularidades "no se pudo hacer sin el conocimiento y posiblemente la autorización de las máximas autoridades". Todo ello dos días después de que el exconsejero caldeara el ambiente de la comisión, que ha vivido en los últimos días una escalada de tensión política, calificando el caso de "montaje" y criticando la "doble vara" de medir al actual y el anterior departamento.
Azkuna evita avalar la gestión de Inclán, pero este respalda a su predecesor
La documentación relacionada con el caso no aporta pruebas definitivas sobre la relación de Inclán. Ningún documento, contrato o informe relacionan a Inclán directamente con las contrataciones de Margüello. Sin embargo, Sanidad asegura que los indicios apuntan a lo más alto de la jerarquía sanitaria anterior, por entender que sería imposible mantener durante tanto tiempo ese statu quo -contratos muy prolongados y sin concurrencia pública, que han generado un "monopolio" para Fernández- tan adecuado para las empresas de Margüello, entre ellas Gestión de Servicios Sanitarios XXI y Medical Dom. Esta firma ha sido la que más dinero ha recibido del total de 33,5 millones concedidos en contratos de Sanidad a este grupo de compañías. Sin embargo, las investigaciones se han centrado más en aclarar el procedimiento por el que se dio el permiso necesario para que la primera, Gestión de Servicios, contratara con Sanidad.
La empresa logró el contrato pero no contaba con infraestructuras propias, por lo que se trató de una intermediaria. También se han investigado -con cuatro comparecencias imprevistas- los movimientos para posibilitar que esta compañía lograra un contrato con una clínica para poder llevar a cabo la actividad por la que sería contratada, la derivación de las listas de espera de Vizcaya desde 2006. En 2010, se le anuló la autorización porque la dirección de Sanidad en Vizcaya no cumplió con el procedimiento para autorizar la empresa y el caso está en los tribunales por un supuesto delito de prevaricación. Según el viceconsejero Fernández, con esta derivación se puso en peligro la salud de 7.500 personas.
El resto de deficiencias encontradas por el Tribunal de Cuentas -como los incrementos de tarifas o los tipos de contratos y sus excesivas prórrogas, una de ellas de ocho años cuando el máximo legal son cinco- han sido corroborados por la documentación aportada. Sin embargo, tanto el actual departamento como cargos anteriores, restaron importancia a las deficiencias de los primeros años -las primeras son de 1996, época de Iñaki Azkuna como consejero de Sanidad- y centraron el foco en los últimos años, a partir de 2005.
Los comparecientes han ido encajando las piezas del puzzle aunque existe un vacío en torno al exconsejero. Los anteriores cargos y los principales vinculados al caso han negado toda relación de Inclán con las presuntas irregularidades y han centrado su discurso en denunciar la "indefensión" a la que se han visto abocados. Los tres médicos vinculados a las empresas, Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga, también se han defendido de manera unificada al asegurar el Tribunal de Cuentas que son incompatibles para contratar con el departamento: limitaron su papel en las empresas al de asesor externo, que sí es legal. Distintos documentos -la firma de un contrato y varias peticiones de incremento de tarifas- indican que Margüello ejercía de directivo. Entre los vinculados también se han escenificado diferencias. La más llamativa, la de Azkuna, que evitó respaldar la gestión de Inclán -sí ocurrió a la inversa-.
Las miradas se dirigen a los tribunales
Las conclusiones de la comisión de investigación del caso Margüello en el Parlamento no tardarán en llegar. El dictamen dirimirá si existen responsabilidades políticas en torno a las presuntas irregularidades en contratos de empresas relacionadas con José Carlos Margüello y el Departamento de Sanidad anterior. Sin embargo, el caso no toca su fin. La vía judicial sigue abierta en los tribunales de la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde el caso Margüello comenzó su andadura con la acusación de un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por parte del exdirector de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga. Varios funcionarios de la Dirección Territorial de Sanidad vizcaína han declarado ya ante el juez instructor, al igual que el propio Elorriaga.
Pero no ha sido la única rama judicial abierta. El juzgado de instrucción número 3 de Vizcaya también ha comenzado a instruir otra de las vías, la de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y una tercera acusación, conocida esta semana, de negociaciones prohibidas a funcionarios. Esta vía se inició tras la remisión a los tribunales del informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre el caso. El proceso se ha visto prolongado debido a un conflicto de competencia planteado para decidir qué sala debería hacerse cargo en su totalidad de la instrucción del caso Margüello. Por el momento, ninguno de los altos cargos del actual departamento ha sido llamado a declarar, tampoco el exconsejero, Gabriel Inclán
