Un juzgado cita a la cúpula del grupo socialista por el despido de una empleada

La abogada alega acoso laboral tras montar una empresa con una socióloga del PP

Vitoria - 09 may 2007 - 00:00CEST

La cúpula del grupo parlamentario del PSE al completo está llamada a declarar hoy en un juicio planteado por una ex trabajadora del mismo, que solicita la nulidad de su despido. Izaskun Sánchez, quien realizaba labores de técnico para el grupo socialista como letrada desde 1992, alega que fue despedida en febrero pasado cuando se reincorporaba al trabajo después de una baja de diez meses, que atribuye al acoso laboral que asegura haber sufrido. Ésta situación se inició, según la demanda que ha presentado, después de que constituyese una empresa con una amiga que pertenece al PP. El PSE no quiso ayer realizar ningún comentario sobre la situación de la ex empleada de su grupo.

El secretario general del PSE, Patxi López, y toda la dirección del grupo socialista en el Parlamento están llamados a declarar hoy en el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria, en el juicio oral por la demanda interpuesta por Izaskun Sánchez, una abogada trabajadora del grupo que fue despedida en febrero pasado.

Ninguno de ellos comparecerá, sin embargo, y será la parlamentaria Blanca Roncal, como responsable de personal del partido y del grupo, quien se hará cargo de la representación de todos los citados, entre ellos el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor; el número dos de la ejecutiva, Rodolfo Ares, y el presidente del partido, Jesús Eguiguren.

Sánchez ha trabajado en el Parlamento para el grupo del PSE desde 1992. Desde 1997 es la propia Cámara la que cotiza por ella, como por el resto del personal de los grupos, en la Tesorería de la Seguridad Social, aunque la demandante siguió realizando sus funciones para el grupo socialista. Por ello acusa en su demanda al propio Parlamento de cesión ilegal de trabajadores.

Según el relato de la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, Sánchez constituyó en 2004 una empresa de servicios dirigida a la internacionalización de pymes. Lo hizo en sociedad con la socióloga Begoña Conde, empleada a su vez del grupo del PP, con quien había trabado amistad.

A partir de ese momento, afirma, empezó a sufrir "reproches", "recriminaciones", "comentarios irónicos", "indirectas", "menosprecio a su quehacer profesional", a recibir "órdenes y contraórdenes" y una "constante degradación de su estatus profesional". También alega que se le empezaron a requerir tareas como dar recados o pasar trabajos a ordenador.

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En marzo de 2006, José Antonio Pastor le habría requerido para que eligiese entre su empresa y el grupo, pero la demandante consideró que no existía incompatibilidad y así asegura en la demanda que se lo comunicó también Blanca Roncal, tras estudiar el caso.

En abril de 2006, se tomó un periodo de baja laboral tras diagnosticársele un cuadro de "ansiedad reactiva a problemática laboral". Al reincorporarse a su puesto el pasado 1 de febrero encontró su mesa ocupada y sus efectos personales recogidos en cajas. El secretario del grupo socialista, Óscar Rodríguez, le comunicó que estaba "cesada".

Sánchez envió primero un notario y acudió después a la Inspección de Trabajo, al no habérsele entregado una carta de despido ni la documentación precisa para gestionar el cobro del desempleo. Desde allí, asegura la demanda, se le remitió a la jurisdicción de lo Social. Ni el PSE como tal ni su grupo parlamentario acudieron en su día al acto de conciliación.

La demanda se dirige tanto contra el PSE como partido, como contra el grupo parlamentario y la administración de la Cámara, ésta última acusada de cesión ilegal de trabajadores, ya que formalmente era la empresa de la despedida. Por ello se pide la personación de la presidenta del Legislativo, Izaskun Bilbao, criticando que haya permitido una situación de acoso en su ámbito.

"El Parlamento es responsable directo o solidario, pues en su posición de empleador no ha observado el deber de protección de sus trabajadores", reclama la demandante. La Cámara estima que la vía para este asunto es en todo caso la de lo Contencioso-administrativo.

Derecho al honor

Izaskun Sánchez, de 39 años, ingresó en las Juventudes Socialistas con 16, en 1984, y en 1991 se afilió al PSE. Pertenece a una conocida familia de tradición socialista de la Margen Izquierda por parte materna. Es nieta de Antonio Ruiz Grijalbo, quien tuvo el carné número 3 del partido, compartió cárcel con Ramón Rubial y avaló la entrada al PSOE de dirigentes como el padre de Patxi López, Lalo López Albizu o el ex ministro del Interior, José Luis Corcuera. La demanda cita estos datos porque estima que "únicamente desde esta realidad personal e intransferible (...) se puede valorar la gravedad de los hechos ocurridos y los gravísimos perjuicios causados".

Sánchez considera que se han vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen, "por el desprestigio personal que ha sufrido dentro de su grupo parlamentario, en el seno del Partido Socialista y el que se ha pretendido crear en el ámbito parlamentario en general", donde ha desarrollado su carrera profesional y forjado gran parte de su formación.

Ni la ejecutiva del PSE ni el grupo parlamentario quisieron ayer hacer ningún comentario.

El personal de los grupos

La forma de contratación de la ex empleada del grupo socialista es la misma que tiene todo el personal al servicio de las formaciones parlamentarias, naturalmente concretada en personas designadas por éstos.

Desde 1997, y porque los grupos así lo quisieron, esos empleados lo son formal y legalmente del Parlamento, que es quien los tiene dados de alta en la Seguridad Social como empresa. En ello sustenta la demandante su acusación de cesión ilegal a otra empresa, en este caso el grupo socialista.

El Estatuto de Personal de la Cámara los cita a todos ellos como personal eventual. Están incluidos en el mismo los integrantes del Gabinete de la Presidencia, el personal de las vicepresidencias y secretarías de la Mesa y el adscrito a los grupos y sus portavoces. Todos, salvo el personal de presidencia, se denominan asistentes.

Las personas así contratadas gozan del mismo régimen previsto para los funcionarios y también de sus condiciones de trabajo, siempre que no se oponga la naturaleza de su labor. También figuran en la relación de puestos de trabajo de la Cámara, con mención del órgano o grupo parlamentario al que están adscritos y de la remuneración que les corresponde.

En el caso de los grupos, los nombramientos los efectúa el portavoz de cada uno de ellos y a ellos corresponde también fijar el número de asistentes a que tienen derecho, mediante acuerdo en la Junta de Portavoces. En el caso del Grupo Mixto, se atiende a la pluralidad de sus componentes en cada momento.

Esa reglamentación incluye también las circunstancias en las que puede cesar una de esas personas. Uno de los supuestos es por decisión de quien la hubiese nombrado, comunicada a la Mesa, que es el procedimiento utilizado por el grupo socialista en el caso de Izaskun Sánchez, en cumplimiento de la reglamentación establecida por el Parlamento. El asunto en cuestión es si el juez de lo Social estima que esa regulación colisiona con la legislación laboral.