Poner España a funcionar

Uno de los problemas que más aflige a España es su índice de desempleo, de más del 20%. El coste de contratar a un empleado es una de las razones principales de la desalentadora situación del mercado laboral. Reducir esa cifra debería ser la prioridad de cualquier Gobierno. Pero puede resultar más difícil de lo que parece.

La cuña fiscal española, es decir, la diferencia entre lo que una empresa paga a los trabajadores y lo que reciben, es de casi el 40%. Son cinco puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE. Las contribuciones a la Seguridad Social constituyen una gran parte de esta diferencia.

El Gobierno ya ha adoptado algunas medidas para reducir parcialmente la carga sobre los empresarios. Ha propuesto un nuevo contrato de formación para los jóvenes (de hasta 30 años) que elimina las contribuciones sociales para las pequeñas empresas que opten por el plan. El empresario Martín Varsavsky ha propuesto una variante más radical: para que se reanude la contratación en 2012, propone que el Gobierno cubra el coste de los impuestos y pagos a la Seguridad Social, así como los costes de despido, para los nuevos empleados netos contratados en 2012. Este apoyo temporal para los empleados se iría reduciendo durante cinco años. A corto plazo, el plan supondría para el Gobierno un ahorro en ayudas al desempleo y proporcionaría más ingresos gracias a un mayor consumo.

Puede que el problema del paro finalmente requiera una acción radical. Pero la pega que suelen tener este tipo de planes es que resulta difícil evitar el arbitraje de los empresarios para aprovechar las ayudas. La creación de un grupo de trabajadores de menor coste podría provocar distorsiones en el mercado laboral, y en el caso de los planes temporales, puede que los efectos no duren.

El Gobierno también podría plantearse una reducción general y permanente de la cuña impositiva. A corto plazo, los recortes se financiarían con un incremento del impuesto sobre el valor añadido (IVA), como se ha hecho en otros países, como Alemania. Sobre el papel, las ventajas serían significativas: una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social de 3,5 puntos porcentuales, compensada por un aumento de dos puntos en el IVA, podría crear hasta 280.000 nuevos empleos, según los cálculos de BBVA en 2009.

El Gobierno ya incrementó la tasa del IVA hasta el 18% el año pasado. Si se aumenta mucho más, existe el riesgo de afectar negativamente al consumo en un momento en el que la economía es frágil. Pero la tasa del IVA española es más baja que la de la media de la UE. El próximo Gobierno debe tomar más decisiones difíciles para volver a poner a España en funcionamiento. Esta debería ser una de ellas.