Posible, pero poco probable
Hace unos días, el Gobierno hizo pública la revisión de sus previsiones económicas para este año con motivo de la presentación del informe sobre la posición cíclica de la economía española que ha enviado a las comunidades autónomas y a Bruselas. Es un documento interesante en la medida en que refleja el estado actual de la reflexión del Ejecutivo a propósito de la evolución de la economía española en los próximos meses.
Merece la pena comparar el estado actual del pensamiento económico oficial con las previsiones en las que se basan los Presupuestos presentados en el otoño pasado para 2011. En primer lugar, por lo que se refiere a las hipótesis del entorno en que se está moviendo la economía de nuestro país, las diferencias entre lo previsto y lo que está sucediendo son bastante notables: se pensaba, a finales del año pasado, que el precio del petróleo Brent se movería en el entorno de 82 dólares por barril, en vez de los 115 a los que se cotiza en los últimos tiempos y con tendencia más bien a subir que a bajar en los próximos meses: Arabia Saudí está dispuesta a compensar la disminución de la producción que ha tenido lugar en Libia, pero el problema es que al hacerlo agotará su margen disponible, lo que sin duda alimentará la especulación. Las repercusiones sobre la economía de la Eurozona se verán atenuadas por la caída de la divisa norteamericana, que en las previsiones del Gobierno se situaba en 1,27 dólares por euro, bastante menos de los 1,40 dólares actuales. También los tipos de interés a corto plazo serán bastante más elevados que el 1,3% previsto para este año, pues estamos claramente por encima del 2%. Nadie puede achacar al Gobierno imprevisión en lo que se refiere a la crisis de Libia, pero sí puede reprochársele un excesivo optimismo en lo referente a los tipos de interés: la inmensa mayoría de analistas pronosticaba, a finales del pasado año, que iban a subir, aunque el aumento de las tensiones inflacionistas haya acelerado la evolución prevista. El entorno en que se moverá la economía española este año será, pues, más difícil que el previsto inicialmente.
Las diferencias entre lo previsto por el Gobierno y lo que está sucediendo son bastante notables
Por lo que se refiere a la evolución interna de la actividad nos encontramos ante una situación lampedusiana en la que todo varía para que nada cambie. La comparación de los distintos apartados del cuadro macroeconómico muestra que casi todos varían, pero el crecimiento previsto del 1,3% y el déficit exterior permanecen inalterables. A la pregunta de si es razonable esta suposición hay que contestar que tal vez, aunque parece poco probable.
En primer lugar, el crecimiento previsto del 1,3% es medio punto más elevado del que pronostican los organismos internacionales y el Banco de España. Hay que reconocer, sin embargo, que en el pasado las previsiones del Gobierno han resultado, a veces, más ajustadas a la realidad que las de los organismos internacionales, por lo que sería posible, aunque poco probable, que esta vez sucediera lo mismo. De todas formas, un crecimiento del 1,3%, o en el entorno del 0,8%, como prevén la mayoría de analistas, no es nada despreciable si se tiene en cuenta que la economía española está haciendo frente a la vez a las consecuencias de la crisis financiera, a las de la burbuja interna de la construcción y al encarecimiento de los precios de las materias primas en general y del petróleo en particular. Un crecimiento positivo teniendo en cuenta estas circunstancias, y con una política presupuestaria necesariamente restrictiva, es un resultado bastante apreciable, incluso si las consecuencias sobre el empleo ni son, ni podían ser, positivas: el Gobierno predice un aumento de la ocupación del 0,2% y un aumento del paro de cinco décimas debido al incremento de la población activa.
En cuanto a la composición del crecimiento, la desaceleración del consumo de las familias se verá compensado, siempre según las estimaciones del Gobierno, por el aumento de las exportaciones. El menor crecimiento del consumo resulta del doble juego de la escasa creación de empleo, del incremento de las tensiones inflacionistas y de la disminución prevista del ritmo de aumento de los salarios. Esta segunda hipótesis contradice lo sucedido en los primeros meses del año, en los que las remuneraciones salariales, a pesar de la crisis y tal vez como consecuencia de la ligera recuperación de la economía, han crecido más que en 2010.
Por lo que se refiere al sector exterior, las nuevas previsiones contienen algunos elementos que no son del todo convincentes. Las previsiones oficiales apuntan hacia un deterioro de la balanza comercial (desde el 2,8% anterior hasta el 4% de las nuevas previsiones), explicable por el aumento de los precios de las materias primas. Este supuesto es razonable, pero lo es menos el del mantenimiento del déficit corriente en el 3,4% del PIB, ya que esta previsión implica que el resto de las partidas de la balanza por cuenta corriente va a compensar el deterioro, en valor, del saldo comercial. Es cierto que las perspectivas para el turismo son favorables, pero por mucho que mejoren no llegarán a cubrir la diferencia entre las antiguas y las nuevas previsiones, que alcanzan la nada despreciable cifra del 1,2% del PIB, lo que equivale a unos 12.000 millones de euros. Tampoco es previsible que las otras partidas de la balanza por cuenta corriente mejoren sustancialmente: lo ocurrido en 2010 con la balanza de rentas no parece que pueda repetirse este año.
Otro aspecto interesante de las previsiones es el que se refiere, implícitamente, a las cuentas públicas. La sustitución de la demanda interna por las exportaciones no es neutra desde el punto de vista fiscal, ya que, en principio, debería acarrear una reducción de los ingresos fiscales. Sin embargo, el aumento de los precios debería compensar todo o parte de la posible pérdida fiscal, eso sí, con el coste de reducir el consumo, tanto público como privado, que es lo que contienen las previsiones. El Gobierno ha demostrado en los últimos tiempos su determinación en la lucha por reducir el déficit público, por lo que es razonable pensar que cualquier posible desviación será corregida sin demora, al menos en el ámbito de la Administración Central. También ha demostrado un cierto espíritu reformador, aunque cabría sugerir que acelere la reforma laboral y cierre cuanto antes la reordenación del sistema financiero. Esta determinación y este nuevo espíritu, junto con el carácter razonable, aunque discutible, de las previsiones, deberían permitir a plazo el retorno de la confianza de los mercados en la evolución económica de España.
José Luis Leal fue ministro de Economía y presidente de la Asociación Española de Banca Privada.
