Cómo modificar la estructura productiva española
En primer lugar, no conviene hablar del modelo productivo español, a menos que se crea que es modélico, lo que contradice la urgencia actual para cambiarlo por ser insostenible, por lo que es preferible hablar de estructura productiva española.
En un mercado global y competitivo, las estructuras productivas de los países están creadas, de abajo arriba, por decisiones inversoras de millones de emprendedores que necesariamente tienden a reflejar sus dotaciones relativas de recursos naturales y sobre todo, de capital humano, para poder así desarrollar ventajas comparativas que compitan internacionalmente. La de un país desarrollado como España esta determinada, básicamente, por la estructura de los niveles de educación de su población trabajadora entre 16 y 64 años. Cuanto mayor sea su nivel medio, mayor será su capacidad de conocer, investigar, innovar, crear, emprender y competir globalmente.
Habría que reformar el sistema de educación, la contratación laboral y la negociación colectiva
Conseguir un nivel educativo medio elevado no es tan costoso ni tan difícil como parece, pero es un proyecto a largo plazo cuyos resultados se perciben tras una o dos décadas, que además necesita una política de Estado y no de gobierno o de partido, que involucre al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, todavía existe una cierta correlación entre los resultados de PISA de cada país y el año en que consiguió que su educación secundaria fuera obligatoria y gratuita. Algunos países lo consiguieron hace más de 100 años; en España, hace sólo 26.
¿Por qué nuestra estructura productiva está excesivamente centrada en la construcción y los servicios de menor valor añadido? Porque buena parte de nuestra fuerza laboral posee un nivel de educación que se adapta mejor a esos dos sectores productivos de mediana o baja productividad media y porque además están poco abiertos a la competencia exterior. Este menor nivel educativo responde a la baja oferta de educación infantil (entre 0 y 3 años), al enorme fracaso escolar en la secundaria obligatoria, al rechazo de la formación profesional frente a la universitaria, a la escasa formación continua en muchas empresas y a la entrada masiva de inmigrantes de media y baja cualificación. Ahora bien, una parte de estos últimos está empleada en el servicio doméstico y en el cuidado de mayores dependientes, facilitando así que muchas mujeres jóvenes, más cualificadas, accedan al mercado de trabajo y mejoren dicho nivel medio.
El fracaso escolar es casi el más elevado de la UE-15. Un 30% de los alumnos de la ESO no la termina ni opta por la formación profesional, con lo que no trabaja o hace trabajos primarios, cuando cuesta 6.000 euros por estudiante año, con lo que se despilfarran 1.440 millones de euros al año. De ahí que exista un elevado desajuste entre oferta y demanda de niveles educativos, ya que existe un exceso de fuerza laboral con educación primaria, un defecto con educación secundaria y formación profesional y un exceso con educación universitaria de calidad.
Paradójicamente, España produce más universitarios en porcentaje de su población total que Alemania, Francia o Reino Unido, pero con menor calidad media y en disciplinas que generan menos Productividad Total de los Factores, o PTF (sólo un 27% cursa enseñanzas técnicas). También España tiene más universidades que otros países de población similar (77, de las que 50 son públicas), pero no hay ninguna universidad española entre las 150 primeras del mundo por calidad y excelencia, y sólo 11 entre las 500 mejores. Nuestros jóvenes quieren ser universitarios no sólo por su mayor prestigio social, sino también por ser relativamente barato. De ahí que existan tres veces más universitarios que graduados en formación profesional. Pocos jóvenes quieren ser fontaneros, electricistas o informáticos, aunque estos ganen más que ellos, porque, entre otras razones, pagan menos del 12,5% del coste de su educación universitaria (8.000 euros por estudiante y año), independientemente de su nivel de renta, conocimientos, esfuerzo y habilidades.
En la mayoría de los países europeos las tasas universitarias son mucho más elevadas, para así poder financiar becas para los mejores estudiantes y préstamos para aquellos de menor renta. Nuestros incentivos, además de inadecuados, son perversos. Producen un fracaso universitario de los más altos de Europa, ya que casi un tercio de los universitarios no termina nunca sus estudios, otro tercio los termina dos años más tarde y sólo el resto los termina en tiempo y forma. Así, 3.300 millones de euros al año son despilfarrados, sin además conseguir suficientes universitarios de calidad.
A este problema hay que añadirle el sistema dual laboral español, que está compuesto de trabajadores mayores, con menor nivel relativo medio de cualificación, pero con contratos indefinidos y con costes de despido un 25% superiores a la media europea, y de trabajadores jóvenes, con mayor nivel medio de cualificación, con contratos temporales, sin apenas costes de despido y que no reciben formación continua suficiente en la empresa para mejorar su productividad. El resultado es que muchos jóvenes universitarios con contratos temporales se ven obligados a realizar tareas de educación secundaria y formación profesional, para las que están sobre-capacitados, que deberían realizar otros trabajadores menos cualificados que hoy no produce el sistema educativo.
Más aún, el exceso de universitarios elimina parte de su prima salarial por su mayor nivel de educación, lo que, unido a su elevada probabilidad de despido, hace que estos jóvenes pierdan interés por su trabajo, reduzcan su esfuerzo y su dedicación así como su productividad potencial. Lo contrario ocurre con los que cursan educación secundaria y formación profesional, con mayor demanda que oferta, que suelen conseguir salarios superiores a los de su formación. Además, el sistema de negociación colectiva actual no determina los crecimientos salariales por razón de la productividad de los trabajadores, como en la gran mayoría de los países, sino según la evolución de inflación pasada, con lo que los incentivos para que los trabajadores sean más productivos son bajos y los costes salariales unitarios crecen por encima de los de otros países miembros de la UE, perdiendo competitividad.
Finalmente, ¿por qué, en esta última década y media, el crecimiento de la productividad laboral española ha sido tan bajo y el de PTF, que refleja la capacidad de desarrollar nuevas ideas y de innovar, ha sido negativo? Tanto por el desajuste señalado como por el enorme retraso en la enseñanza y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que son tecnologías de aplicación general que todavía se aprenden poco en la escuela y necesitan para desarrollarse y aplicarse una formación profesional adecuada que es muy escasa. Hoy, los países que utilizan en mayor medida las TIC tienden a aumentar, al mismo tiempo, el empleo y la productividad. De ahí la urgencia de acelerar el aprendizaje de las TIC, tanto en la escuela como en la formación profesional y entre los ocupados, ya que éstas aumentan la productividad tanto en trabajos administrativos como manuales.
En resumen, para mejorar la actual estructura productiva y mejorar la productividad, que es lo que realmente determina el nivel de renta futuro de los españoles, habría, como primeras medidas, que reformar tanto el sistema de educación, de formación profesional y universitario actuales y sus sistemas de incentivos como el sistema de aprendizaje de las TIC y, por otro, el sistema de contratación laboral y de negociación colectiva. De no hacerse ahora un esfuerzo nacional para lograrlo será muy difícil seguir prosperando en un mundo en el que el trabajo se globaliza crecientemente y cada vez está mejor cualificado técnicamente.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
