¿Dónde está el crédito que "no aparece"?
En estas últimas semanas está habiendo una gran polémica sobre la actuación de los bancos y cajas de ahorros (la banca). La cuestión objeto de esta polémica es si estas instituciones financieras están concediendo la cantidad de crédito justo y necesario para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan continuar con su actividad "normal".
La banca argumenta, con razón, que en tiempos de crisis es normal que no crezca el crédito. Hay menos peticiones de crédito, y éstas son generalmente menos solventes. Dar más crédito sería una irresponsabilidad, argumentan.
La segunda e importante razón para no aumentar el crédito es que, dado que ni había ni hay suficiente ahorro en España para hacer frente a todos los préstamos y créditos concedidos alegremente durante la época de vacas gordas, fue necesario pedir prestado al exterior a plazos cortos (dos o tres años). La dificultad de su renovación en el exterior por parte de la banca significa que ésta dispone de una menor cantidad de dinero para prestar.
El crédito que no llega a las 'pymes' financia viviendas vacías que los bancos compran
Japón aplicó en los años noventa una política parecida a la que está siguiendo España
Para resolver por lo menos parte de este problema, el Gobierno ha acudido en su ayuda avalándole nuevas emisiones de deuda con el fin de que pueda obtener la liquidez que, de otro modo, le deniegan los mercados internacionales, o prestándole contra garantía de activos que otros prestamistas no le admitirían. De esta forma, el Gobierno facilita liquidez a la banca, pero a la vez tiene la impresión de que ésta no llega a las pymes. Un día la critica y al siguiente dice que está actuando correctamente. Las propias pymes dicen que se les deniegan la mayoría de los créditos que solicitan y que, en los casos en que se conceden, el tipo de interés y las garantías solicitadas son mucho mayores que antes de la crisis. El Banco de España está callado.
Como es habitual, cada uno dice su verdad, pero no toda la verdad. Falta, por lo menos, una pieza esencial para que las verdades que cuenta cada parte sean coherentes: la contabilización de la morosidad por parte de la banca.
Un pequeño ejemplo nos ilustrará sobre dos formas de hacerlo y sus consecuencias. Imaginemos que hace dos años un promotor pidió un crédito a un banco para una promoción de un piso que la tasadora del banco valoró en 100.000 euros. El banco, prudentemente, le concedió un crédito por el 80% de esta cantidad: 80.0000 euros. A su vencimiento, el promotor no consigue vender el piso y, por tanto, no puede devolver el crédito al banco. Ante esta situación, el banco tiene dos grandes alternativas: una, declarar al promotor como moroso y, eventualmente, quedarse con el piso y subastarlo. En este caso tiene que anotarse como pérdida un porcentaje que llega, en pocos meses, hasta el 50% de la deuda. La segunda posibilidad es decirle al promotor que le compra el piso por un precio igual al de la deuda, esto es, por 80.000 euros. ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra alternativa? En la segunda no se apunta ninguna pérdida, ya que no está obligado a poner el activo comprado a precio de mercado, de acuerdo con las últimas normas del Gobierno sobre valoración de activos. Pero, de esta forma, los 80.000 euros quedan invertidos en un bien que no produce nada y, en consecuencia, es un dinero que no puede ir a parar a las pymes productivas que lo necesitan. Es más, nuestro banco deja de percibir intereses sobre la deuda que tenía, por lo que, para tener los mismos ingresos, se verá obligado a subir el tipo de interés de otros clientes que sí son solventes.
En la primera [forma de contabilizar la morosidad], el banco debe apuntarse una pérdida de 40.000 euros en su cuenta de resultados, mientras no se quede con el piso o lo venda. Pero ¿cuál es la consecuencia última de declarar al deudor como moroso y subastar el piso que tiene como garantía? ¿Hay mercado para este piso? Sí, lo hay, aunque con una rebaja muy importante sobre el precio de tasación o el de la deuda del banco. Existen fondos de inversión dispuestos a comprar viviendas en España, pero a unos precios que están alrededor del 50% de los de tasación de hace dos años.
Sin embargo, nuestro banco no está incentivado para venderlas o subastarlas, puesto que, de hacerlo, debería apuntarse la correspondiente pérdida (unos 30.000 euros en el piso de nuestro ejemplo). Y si esto lo hace con todos los deudores que no pueden devolverle el préstamo y que tienen como garantía bienes inmobiliarios, el banco puede pasar a ser insolvente y deberá ser rescatado con dinero público.
El Regulador o el Gobierno podrían obligarle a dotar la correspondiente pérdida, tanto si efectivamente se realiza como si no lo hace. Sin embargo, le permiten valorar a precio de coste y no de mercado. Y la banca, ante esta situación, ha optado lógicamente por esconder sus vergüenzas con el permiso expreso del Gobierno y del Banco de España. ¿Quién querría declararse en quiebra si puede optar por esperar a ver si sus activos suben de valor? Ni la banca ni nadie. Su decisión más racional es esconder sus pérdidas reales esperando que los activos que tienen como garantía aumenten su valor.
Un pequeño cálculo nos puede dar una idea de la magnitud aproximada del dinero esterilizado sólo en viviendas. En España hay alrededor de un millón de viviendas por vender. La mayoría financiadas por la banca. Si consideramos que cada vivienda tiene un préstamo medio de 120.000 euros, resulta que tendríamos 120.000 millones de euros totalmente esterilizados. Bienes que ni producen ni son utilizados en el bienestar de las personas, además de tener costes de mantenimiento. Si la banca vendiera estos activos a fondos de inversión con un 30% de descuento sobre el valor de sus préstamos (hay compradores a estos precios), perdería 36.000 millones de euros, lo que significa que bastantes bancos y cajas de ahorros serían insolventes, pero, a cambio, el 70% restante, es decir, 84.000 millones de euros, podría destinarse a inversión productiva para las pymes.
¿Qué es entonces lo más conveniente para el país? ¿Seguir con la política actual manteniendo esterilizados 120.000 millones de euros sine die, esperando que suban los precios, o bien obligar a los bancos a contabilizar sus activos o sus deudas a valor de mercado? En este último caso tendríamos algunos bancos y cajas insolventes. Y, claro, precisarían la ayuda del Estado, puesto que la banca no debe quebrar. El daño al sistema sería demasiado grave. Pero sí pueden, y deben, hacerlo sus accionistas si han cometido graves errores de decisión.
Japón, en los años noventa, siguió una política parecida a la que está aplicando ahora nuestro país. Escondió las pérdidas que la banca tenía de hecho sobre la base de refinanciarles su deuda para que pudieran mantener activos cuyo valor real era muy inferior al que figuraba en el activo de su balance.
Las consecuencias son de todos conocidas. Tuvo una década de estancamiento y, aún ahora, después de 15 años, sus activos inmobiliarios no han logrado recuperar el valor que tenían antes de la crisis. Después de siete u ocho años del comienzo de la crisis, el Gobierno tuvo que forzar el saneamiento de los bancos. Durante estos años, los bancos fueron verdaderos zombis, pero seguían operando. Todo parece indicar que aquí estamos siguiendo los mismos pasos que Japón en esa década perdida. Ya tenemos bancos zombis. Y, mientras tanto, las pymes productivas se asfixian y, en muchos casos, se mueren.
Daniel Villalba es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.
