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Cataluña mantendrá el modelo lingüístico "caiga quien caiga"

La Generalitat defiende en su recurso que el sistema seguirá avalado por el Tribunal Constitucional - La comunidad educativa prepara movilizaciones

Cataluña no cederá ni "un milímetro" en la defensa del actual modelo de inmersión lingüística que, en palabras del portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, "es un tesoro" construido entre todos. "Lo puedo decir más alto pero no más claro: lo mantendremos caiga quien caiga", dijo ayer gráficamente Homs. El Gobierno catalán presentó ayer el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le ha dado dos meses de plazo para que sitúe al castellano como lengua vehicular en las escuelas junto al catalán.

"Hemos fijado nuestra posición y hecho lo que teníamos que hacer", dijo Homs, que se mostró muy reacio a dar pistas sobre el contenido de la apelación. Otras fuentes de Generalitat señalaron que en los argumentos jurídicos del recurso se subraya que el actual modelo ya fue avalado por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia sobre el Estatut en junio de 2010. El Gobierno catalán está dispuesto a abrir un nuevo laberinto en este embrollo judicial y, si su recurso no prospera, apelará a instancias jurídicas superiores.

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Su estrategia es no batallar en público con los jueces -Homs no quiso valorar las diferentes opiniones surgidas desde el mismo tribunal tras el auto- y transmitir tranquilidad a la comunidad educativa para que el curso escolar empiece el lunes sin sobresaltos. Homs defendió con firmeza el actual modelo en base a tres principios: razones democráticas, por gozar de un abrumador apoyo social; jurídicas -la propia Ley de Educación de Cataluña o el Estatuto-, y pedagógicas. Las pruebas de evaluación realizadas en 2010 entre alumnos de secundaria por un organismo estatal arrojaron que los catalanes obtenían mejores notas en castellano que otros de otras comunidades donde no se habla catalán. "Cataluña estaba delante de unas cinco o seis comunidades. Por ejemplo, por delante de Andalucía, que estaba en la cola", señaló Homs.

La primera evaluación que el Ministerio de Educación realiza a los alumnos de 4º de Primaria y de 2º de Secundaria arrojó que los alumnos catalanes obtuvieron una calificación media de 502 puntos; el noveno mejor resultado entre las distintas comunidades. Asturias, la mejor, logró 534 puntos. Pero Castilla y León y Madrid, entre otras, obtuvieron 470 puntos. "No puede vincularse directamente al modelo educativo, porque hay otros muchos factores", advierte el lingüista Ignasi Vila. uno de los padres de la inmersión en catalán.

Más allá del debate político, el descontento está en la calle. Las entidades educativas han convocado para el lunes concentraciones de protesta ante los Ayuntamientos. Y la Federación de Municipios de Cataluña ha invitado a todos los municipios a aprobar mociones en favor de que el catalán siga siendo lengua vehicular. De momento, el Ayuntamiento de Barcelona (CiU) y otros dos consistorios (Gavà y Terrassa, ambos con alcaldes socialistas) han dado el paso. El mismo expresidente José Montilla (PSC) se puso al servicio de su sucesor en defensa del modelo actual.

El Gobierno catalán no "ve mal" la movilización, pero desea que el curso empiece con normalidad. "Es la mejor respuesta que podemos dar las fuerzas políticas que ven un problema en la calle y en la sociedad que realmente no existe", reflexionó Homs en alusión al Partido Popular (PP), principal oponente de CiU en este flanco educativo, pero socio preferente de CiU, que gobierna en minoría en Cataluña. Pese la incomodidad de la situación, Homs rechazó la petición de la oposición de izquierdas de que la formación rompiera con los populares y negó que el gobierno del convergente Artur Mas fuera a vetarl al PP en cualquier negociación. "Eso sería sectario y no estamos aquí para castigar a nadie", señaló el portavoz. Ana Mato, jefa de campaña de Mariano Rajoy, siguió imperturbable en la misma línea y destacó que le parece "sorprendente" que no se cumplan las sentencias.

Una clase del instituto Isaac Albéniz de Badalona.
Una clase del instituto Isaac Albéniz de Badalona.GIANLUCA BATTISTA

Jurisprudencia sobre la inmersión

- El Tribunal Constitucional adjudicó al Estado en 1982 la labor de garantizar "el respeto a los derechos lingüísticos", y en particular, "el de recibir enseñanza en la lengua del Estado".

- El mismo tribunal se pronunció en 1994 sobre la Ley de Normalización Lingüística. "El que los centros de enseñanza deban hacer de la lengua catalana vehículo de expresión normal en todas sus actividades (...) ha de reputarse como una prescripción constitucionalmente legítima siempre que el mandato no se convierta en un obstáculo real para el uso habitual de la otra lengua cooficial", sentenció. Y pidió que se evite que "un uso excluyente pueda convertirse en causa de separación por causa idiomática".

- En junio de 2010, el Constitucional resolvió sobre el Estatuto: "El catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial".

- El Supremo falló en diciembre de 2010 sobre la petición de tres familias de educar a sus hijos en castellano. "Declaramos el derecho de la recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo" de esta comunidad "en una proporción que debe acordar la Generalitat". En consecuencia, deberá adoptar las medidas necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional.

- En julio de 2011 el Superior de Justicia de Cataluña dicta un auto antes de analizar la petición de una familia para educar a sus hijos en castellano. La resolución se apoya en los últimos fallos del Constitucional y del Supremo para reclamar a la Generalitat que "adopte cuantas medidas sean necesarias" para incorporar el castellano como lengua vehicular de forma inmediata. El departamento de Enseñanza deberá informar al tribunal de estas medidas "en el plazo máximo de dos meses".

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