El PP trunca el pacto sobre el impuesto verde a los carburantes
Los populares se desmarcan de la tasa a las gasolinas para financiar las renovables
Después de más de un año y medio de trabajo y de escuchar a 60 expertos, la subcomisión del Congreso creada para alcanzar un pacto energético para los próximos 25 años vio ayer cómo el PP se desmarcaba de uno de los pocos acuerdos que había: repartir la carga de las renovables entre todo el sector energético. Eso, que la comisión redactó de forma laxa, el sector lo había traducido en un impuesto a las gasolinas para pagar las renovables. La redacción seguía anoche en el borrador de acuerdo, pero el portavoz del PP, Antonio Erias, adelantó que su partido no apoyará "ningún nuevo impuesto para financiar las renovables".
Todos los grupos piden pactos en energía. Es un tema sensible que requiere estabilidad regulatoria para planificar inversiones a largo plazo. Sin embargo, las dos vías de negociación que los partidos mantienen van camino hacia la nada.
El secretario de Estado de Energía dejará el cargo con el sector abierto
La primera es la que abrió el Congreso en junio de 2009. El plazo para alcanzar un acuerdo culmina el 18 de noviembre y hoy está prevista una de las últimas reuniones. El texto ha sido descafeinado progresivamente -todo lo relativo al futuro de la energía nuclear lo deja para la próxima legislatura- pero quedaba un punto que levantó a las petroleras. "Las energías renovables han tenido un desarrollo muy superior en el sistema eléctrico. Se debería analizar la posibilidad y conveniencia de que sus costes fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético, dado que los objetivos y el fomento de estas tecnologías favorecen al conjunto de la sociedad [...] y no solo a los consumidores eléctricos que son los que asumen todo su coste actualmente".
La justificación era que el objetivo del 20% de renovables en 2020 que fijó la UE se está cargando mayoritariamente sobre la electricidad, sin que el consumidor de gas, diésel, queroseno o gasolina lo note apenas. El céntimo verde -el PSOE lo planteó para su programa de 2008- serviría para recaudar en las gasolineras y aliviar de la tarifa eléctrica del sobrecoste de las renovables.
El portavoz del PSOE en la comisión, Jesús Alique, afirmó que lo prioritario "es disminuir el coste de las renovables para que repercuta de manera razonable en el recibo y no de forma insostenible. Parece razonable que el conjunto del sistema energético contribuya, ya que las renovables disminuyen nuestra dependencia exterior". Alique se mostró cauto con la posibilidad de acuerdo.
El PP, según fuentes parlamentarias, no se había opuesto a esa redacción nunca, pero decidió desmarcarse. "Estábamos de acuerdo en que se estudiara, pero como se ha interpretado como un nuevo impuesto, no. No podemos trasladar nuevos impuestos a los ciudadanos", afirmó Erias.
Las eléctricas apoyaban la idea pero las petroleras habían presionado enormemente contra el texto, aunque no fuese vinculante. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, consideró la idea poco sensata y avisó de que "tendría un impacto negativo en la renta disponible de las familias y en los costes de las empresas" y agravaría la situación del sector del transporte.
Llegue o no a un acuerdo la comisión, la ausencia del PP en el punto más delicado lastra ya la fuerza del acuerdo. Fuentes del Ejecutivo se mostraron muy sorprendidas con la postura del PP por revelar su oposición solo en el último momento.
No es la única vía de negociación en materia energética. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, compareció el pasado 24 de junio con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, y anunciaron una revisión a fondo de las "tripas del sistema eléctrico". Sebastián aseguró que no habría "líneas rojas" y que estaban dispuestos a revisar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Un escalofrío recorrió los despachos de las eléctricas y la Bolsa las castigó por la incertidumbre que se abría. Después anunciaron que esa revisión estaría antes del 31 de julio pero aún sigue sin fecha. Y tardará aún más ya que el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, ha comunicado en el ministerio su marcha después de dos años y medio en el cargo.
El desigual mapa del CO2
El mapa de emisiones de CO2 por comunidades autónomas es tan desigual como lo es la producción de electricidad. El Gobierno no da los datos pero, basado en fuentes oficiales, lo ha calculado el ex asesor de Medio Ambiente José Santamarta para Comisiones Obreras.
El mapa tiene la virtud de añadir un dato en el que cada comunidad se puede ver reflejada, pero es fácil sacar conclusiones erróneas a primera vista. Madrid aparece como la comunidad con menor emisión por habitante -solo cuatro toneladas- pero no por su política de ahorro energético, sino porque apenas produce electricidad. Asturias, con térmicas de carbón, tiene una media de 20,15 toneladas (al nivel de un ciudadano de EE UU).
La emisión está muy condicionada por la política eléctrica y, especialmente, de la producción con carbón en cada lugar. Si Endesa aumenta la producción de carbón en su térmica de Teruel suben las emisiones de la comunidad. Cataluña tiene bajas emisiones por las tres nucleares que hay en la comunidad.
España emite un 28,5% más que en 1990 (año base del Protocolo de Kioto) tras una brusca caída por la crisis económica. El protocolo permite a España emitir en 2012 un 15% más que en 1990.
