El aborto hipoteca a los sandinistas
La prohibición de interrumpir el embarazo se utilizó como arma electoral en Nicaragua
Nicaragua forma parte desde el pasado 26 de octubre del reducido grupo de naciones que penaliza el aborto bajo cualquier supuesto. De los 193 estados miembros de Naciones Unidas, 189 permiten el aborto terapéutico cuando el motivo del mismo es salvar la vida de la mujer embarazada.
Chile, El Salvador, Malta y ahora Nicaragua son los únicos países del planeta donde la interrupción del embarazo es ilegal sin excepciones. Hace menos de tres meses, el Parlamento nicaragüense aprobó una reforma legislativa sin precedentes, que tuvo el respaldo unánime de la derecha conservadora y del Frente Sandinista, cuyo único afán era arañar votos ante la inminente elección presidencial.
La campaña estaba en un punto culminante, en plena ofensiva desencadenada por la Iglesia católica y los sectores más conservadores contra el aborto. Sus señorías votaron con fines electoralistas la derogación de un artículo que estaba en vigor desde el año 1891 y permitía el aborto terapéutico como única excepción para salvar la vida de mujeres embarazadas en situaciones de alto riesgo.
La norma ahora derogada sobrevivió a la dictadura de la dinastía Somoza, a la revolución sandinista, a la transición de la presidencia de Violeta Chamorro y al gobierno del derechista Arnoldo Alemán. Sólo pudo ser derogada bajo el gobierno conservador de Enrique Bolaños, nueve días antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Los cálculos más conservadores indican que hasta el 31% de todos los embarazos en la región pueden terminar en aborto. Por cada 1.000 nacimientos anuales, se practican más de 400 abortos en la clandestinidad y la muerte, cuando estas operaciones se complican, es una de las principales causas de mortalidad materna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que "el acceso al aborto terapéutico es un principio universalmente aceptado" y "un asunto de sentido común y de humanismo"
En elecciones, el Frente Sandinista fue el único partido que sacó un comunicado especial sobre el tema, bajo el enunciado Sí a la vida, no al aborto. Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, sacó su propio comunicado, como madre de familia convertida a la fe y a la religión. El tema estaba en todos los medios, hubo una gran marcha contra el aborto convocada por la Iglesia católica y apoyada por el Gobierno, a la que se sumó el Frente Sandinista. "Sabemos que parte de la organización de la manifestación partió de ayuntamientos gobernados por los sandinistas", recuerda Marta Blandón,
directora para Centroamérica de IPAS, una organización no gubernamental que promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "Nosotras hablamos con muchas diputadas y diputados del Frente Sandinista que nos decían, sí, ustedes tienen razón, pero es una orden del partido, no podemos votar en contra. Pero no se preocupen, voten por nosotros en las elecciones y cuando ganemos arreglaremos la cuestión". El problema ahora es que los sandinistas han contraído compromisos muy fuertes con la Iglesia.
La decisión de la Asamblea Nacional provocó una reacción de rechazo de organizaciones internacionales y países donantes que enviaron una carta histórica al presidente del Parlamento en la que pedían diálogo y reflexión antes de tomar una decisión tan controvertida. La misiva recordaba que la propia Comisión de Justicia reconocía que un periodo electoral no era el mejor momento para discutir el tema. Firmaban la carta, entre otros, los embajadores de Francia, Italia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Noruega, España y de la UE. También las asociaciones médicas recomendaron aplazar la discusión para después de las elecciones.
Caza de brujas contra los médicos
Marta María Blandón, directora para Centroamérica de IPAS, una organización no gubernamental con 35 años de vida, oficinas en todo el mundo y cuya misión es promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, advierte de las consecuencias de prohibir el aborto terapéutico en Nicaragua. "Se ha desatado una cacería de brujas. Los médicos no quieren atender a ninguna mujer que llega a un hospital o centro de salud con síntomas de amenaza de aborto, o con un aborto espontáneo. La ley es tan dura y ha sido tan grande el peso de los sectores conservadores en el Gobierno anterior que los médicos temen incurrir en un delito. Ya hemos tenido varios casos de mujeres que ingresan con síntomas de aborto y nadie las quiere atender. En el mundo rural algunas mujeres han perdido la vida".
La organización que dirige Blandón ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. "Es un recurso impecable, que no admite dudas", afirma, "pero éste es un tema político-electoral-partidista". A pesar de todo, los diputados que aprobaron la reforma fueron más cautos que el ex presidente de la República Enrique Bolaños, quien envió al Congreso su propio proyecto en el que pedía hasta 30 años de cárcel por practicar abortos. La Asamblea desestimó la propuesta y aceptó la que enviaron los sectores conservadores y la Iglesia católica, que no hablaba de penas.
