Las autonomías ahorran con la factura farmacéutica, la de los refrescos y el gel
Para reducir gastos o ahorrar en sanidad hay medidas polémicas, como el copago, que propuso el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, en marzo. Pidió que los ciudadanos se hagan cargo de parte de la factura sanitaria. El asunto tiene precedentes, también de otros signos políticos. Pero ahora, en plena campaña electoral, su propuesta ha sido rechazada incluso por sus correligionarios. Las autonomías no anuncian recortes sustanciales en los servicios sanitarios, pero sí medidas de ahorro que vendrían de la gestión de los centros o unificando las compras de material. Algunas, como la valenciana, bajan al detalle: en el hospital La Fe de Valencia, el mayor de la comunidad, dejarán de repartir los estuches de aseo a las parturientas. Y en el Centro de Transfusiones se ha sustituido el refresco que se ofrecía tras la extracción de sangre por un zumo de naranja que la Generalitat recibe gratis de los excedentes agrícolas.
El hospital La Fe de Valencia ya no dará estuches de aseo a las parturientas
Otras medidas en esta comunidad son de mayor peso: la Consejería de Sanidad pretende ahorrar 17 millones de euros con una revisión exhaustiva de los medicamentos para pacientes crónicos y polimedicados, ante la posibilidad de que algunos sigan consumiendo los que ya no necesitan o productos distintos con efectos similares o que gasten más de lo necesario por otro tipo de confusiones. Y la Generalitat tiene en estudio la compra conjunta de material para que salga más barato.
Parecido ocurre en Andalucía, que ha implantado un modelo de gestión provincial en la compra de productos sanitarios, no sanitarios, farmacéuticos, prestaciones e inversiones de obras descentralizadas. Con la creación de estas plataformas la Junta espera romper, por primera vez, la tendencia creciente de gasto. En 2011 está previsto que descienda en un 2,57%, 60 millones de euros. Y, como Valencia, también se ha ajustado el cinturón en gasto farmacéutico. La Junta empleó en febrero 147,9 millones en el pago de recetas, un 12,68% menos que el mismo mes de 2010; un dato más llamativo si se tiene en cuenta que el número de recetas facturadas ha crecido un 5,5% respecto a febrero de 2010. Una caída que la Junta explica con el incremento de la prescripción de un principio activo y la rebaja en el precio de los genéricos de un 7,5%.
El ahorro, sin embargo, se nota también en la demora en cubrir las bajas de los sanitarios y en la reducción de las operaciones que se realizan en horas extra, lo que Andalucía justifica en una "optimización de recursos".
Problemas laborales que esa comunidad comparte con el País Vasco. Allí, las medidas de recorte afectan a los profesionales, que están lidiando con el aumento de la demanda de atención sanitaria -el 1% en consultas, ingresos y operaciones en 2010- y a la vez con una gran reforma del Servicio vasco de Salud para adecuarlo a los pacientes crónicos. Los sindicatos advierten de que la atención al paciente puede resentirse.
El ahorro de presupuesto en la sanidad vasca ha afectado más a los proveedores y a las entidades con las que se han concertado servicios. Y se ha optado por exprimir las posibilidades de ahorro en la gestión en una situación de reducción del presupuesto del 3,5%: la factura de telefonía móvil se ha reducido un 10% y ha impulsado el ahorro con los genéricos.
Para afrontar la caída de más del 5% del presupuesto en sanidad, la Xunta de Galicia ha optado por cambios profundos en las fórmulas de gestión y financiación de los centros sanitarios, medicamentos e intervenciones quirúrgicas. Para levantar los nuevos centros hospitalarios proyectados por el anterior Gobierno, el PP ha introducido el sistema de financiación público-privada de infraestructuras sanitarias. Este modelo, contestado con multitudinarias manifestaciones, acelera la ejecución de los hospitales pero demora su pago durante años. Eso sí, sin que se engorde el déficit de la Administración. La Xunta ha restringido también las operaciones por las tardes, con una rebaja en las remuneraciones que los médicos recibían por esas "peonadas".
Pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido tajante al desmentir que piense aplicar el copago, la Consejería de Sanidad elaboró un estudio sobre cómo limitar o excluir prestaciones públicas como las comidas en los hospitales, las tiras reactivas para diabéticos o las muletas. Madrid también se ha apretado el cinturón en nuevas infraestructuras. La reorganización administrativa para comprar de forma centralizada y los acuerdos con los proveedores para obtener descuentos, son, también en Madrid, medidas de ahorro.
Con información de Jaime Prats, Ania Elorza, Elena Sevillano, Reyes Rincón y Sonia Vizoso.
