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La juez de Dénia veta otra boda gay

Laura Alabau, titular del Juzgado número 3 de Dénia y responsable del Registro Civil de la localidad, ha denegado por cuarta vez una boda de homosexuales, en este caso entre dos hombres británicos. La juez basa esta vez su negativa en que en el país de origen de la pareja no está autorizado el matrimonio entre homosexuales.

El primer veto lo formuló en julio de 2005 y afectaba a la petición de contraer matrimonio formulada por dos mujeres. Además, de paralizar la petición de las dos mujeres la magistrada planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio entre homosexuales. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite la iniciativa de la juez.

Tras esa primera paralización de una boda gay, la juez volvió a vetar otra petición tramitada por una pareja de homosexuales británicos, alegando que en ese país no está legislado ese derecho. La decisión de la juez fue recurrida por la la Fiscalía de Alicante, en concreto por el teniente fiscal, Juan Carlos López Coig, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Este organismo instó a la juez a autorizar las peticiones cursadas por cualquier pareja de homosexuales, incluidos los extranjeros.

Más información
El CGPJ perdona a la juez que no casa a gays

El fiscal Juan Carlos López Coig expresó ayer su "extrañeza" por el nuevo veto de la juez a una boda gay, aunque los contrayentes sean extranjeros. "La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado fue clara. Y, por tanto, presentaré un nuevo recurso", aseguró el teniente fiscal de Alicante.

El primer recurso de la fiscalía a la Dirección General de los Registros y del Notariado propició un escrito de protesta de la juez Alabau ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Alabau aseguraba que "era objeto de una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno".Este escrito de la juez motivó la apertura de expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que concluyó con una multa de 305 euros a la magistrada por una falta grave.

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