Admitido el recurso de inconstitucionalidad y designados fiscales
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de expropiación de Rumasa, sin darle carácter previo, lo que no suspende su tramitación, según informó ayer a la agencia Europa Press el Grupo Popular, promotor del mismo. Fernando Jiménez Lablanca y Rubio, fiscal electo de sala del Tribunal Supremo, y Julián Hernández Guimarro, inspector fiscal, han sido designados fiscales especiales para el caso, por decisión del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba.Previamente, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, declaró por la mañana a Radio Nacional que el Gobierno había solicitado el nombramiento, porque "existen indicios de delitos de tipo económico, mercantil y financiero" en la actuación de Rumasa, según Europa Press.
La nota de confirmación, a cargo de la Fiscalía General, señaló objetivos "el examen de antecedentes y estudio de los aspectos de significación jurídico penal que puedan aparecer en la actuación del holding Rumasa, recientemente expropiado, a fin de que una vez hecho el estudio preliminar informen a esta Fiscalía sobre dichos aspectos".
Según Europa Press, que cita fuentes de la Administración de Justicia, los nombramientos se justifican por la dimensión del asunto, y tendrá prioridad Jiménez Lablanca, quien intervino también como fiscal en el caso Coca. La misma agencia informó que la actuación de los dos fiscales comenzó ayer por la mañana, y que no se descarta el nombramiento de un juez especial para el caso, competencia exclusiva del pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Reacciones
Por otra parte, el diario Abc afirmaba ayer que el Consejo de Estado, reunido el día anterior para estudiar el decreto-ley de expropiación, no ha dado la razón al Gobierno, aunque tampoco se la ha negado con rotundidad, al ser la respuesta ambigua y tampoco mostrar claros inconvenientes a que el decreto-ley se tramite como decreto-ley después de haber sido convalidado por las Cortes. Según el mismo periódico, que cita fuentes del Consejo de Estado, se ha tratado de involucrar a altas instituciones del Estado en un asunto político ya realizado.
Mientras trascendía también ayer que la expropiación de Rumasa detuvo una posible intervención estatal en la empresa de transporte áerteo Spantax, al parecer por simple demora de otras decisiones, el empresario vasco Luis Olarra declaraba que la expropiación ha "puesto en guardia al país y los elementos de juicio utilizados podrían extenderse a otros casos". El presidente del Círculo de Empresarios, Santiago Foncillas, señalaba que "es incalculable la gravedad de las consecuencias".
En el sector de seguros, la asamblea organizada por CC OO expresó su apoyo a las medidas del Gobierno y pidió que las empresas expropiadas no vuelvan al sector privado, y la Dirección General de Seguros afirmó que las sociedades son más solventes que antes, al estar respaldadas por el Estado.
