Los tribunales militares para juzgar a terroristas desatan protestas en EE UU

Los norteamericanos le habían dado al presidente George W. Bush un cheque en blanco para combatir el terrorismo, pero su orden de juzgar militarmente a los terroristas en tribunales secretos está haciendo a muchos reconsiderar ese apoyo incondicional. El anuncio, hace dos días, de las cortes marciales itinerantes (que operarán sobre todo en Afganistán y Pakistán) sin las garantías procesales del sistema judicial de EE UU ha abierto por primera vez desde los atentados un tormentoso debate social sobre la justicia como pilar de la democracia que predica Washington en el mundo.

El propio vicepresidente, Dick Cheney, ha salido a defender la propuesta intentando contrarrestar la creciente marea de la opinión pública en contra. 'Alguien que viene a EE UU ilegalmente, alguien que realiza una operación terrorista matando a miles de americanos inocentes, hombres, niños y mujeres, no es un combatiente legal y no merece ser tratado como un prisionero de guerra', dijo Cheney. 'No merece las mismas garantías que un ciudadano americano. Un tribunal militar garantiza que estos individuos reciban el tipo de trato que merecen'.

El trato que merecen es una de las dos preguntas centrales del debate. La otra es sobre la constitucionalidad de tales juicios a sospechosos seleccionados por el presidente en una guerra que el Congreso no ha declarado formalmente. Juristas de prestigio como David Cole, profesor de la Universidad de Georgetown, afirman que es inconstitucional, pero otros, como el también profesor y ex asesor legal del Departamento de Estado Paul Williams, aducen que es la única opción viable. 'El problema es que no tenemos una corte adecuada para juzgar a los terroristas que capturemos y tardaríamos años en establecer una. El actual sistema se colapsaría con miles de casos', subraya Williams.

La celeridad es el argumento esgrimido por el Gobierno, junto con el de la protección de fuentes y métodos de inteligencia, que saldrían a la luz pública en un juicio normal. Sin embargo, los juicios militares ordenados por Bush serán a puerta cerrada, con jurados militares, que pueden imponer condenas de muerte, sin normas procesales fijas, con abogados defensores no necesarimente elegidos por los acusados y con un nivel 'flexible' de pruebas de culpabilidad, que decidirá en exclusiva el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Y el presidente determinará quiénes y dónde se juzgan.

Tanto Bush como el secretario de Justicia, John Ashcroft, han tratado de aplacar la controversia reiterando que es una medida para extranjeros, no para ciudadanos americanos, y recordando que es una situación de 'emergencia extraordinaria' amparada por un dictamen del Tribunal Supremo de 1946. Es cierto, pero no es suficiente para los grupos de defensa de derechos civiles. Laura Murphy, dirigente de la Unión Nacional de Libertades Civiles, expresaba su inquietud en el programa The News Hour de la televisión pública: 'Pruebas que serían inadmisibles en un tribunal, lo serán en estos juicios, y nadie se enterará. Esto va contra la democracia que queremos preservar. La condena en Nueva York a los terroristas del atentado a las Torres Gemelas demuestra que nuestro sistema funciona'.

En un tribunal de EE UU se necesitaría la unanimidad del jurado para una sentencia de ejecución, mientras que en las cortes militares sólo harán falta dos tercios. Y el acusado no tendrá derecho a apelación. En suma, sus derechos se restringen mucho más que en una corte militar convencional, donde nadie puede ser condenado a menos que las pruebas en su contra demuestren su culpabilidad 'más allá de una duda razonable'.

Fuentes del Departamento de Justicia señalan que es casi seguro que los tribunales militares no vayan a funcionar en EE UU, sino en los lugares donde se les capture, probablemente Afganistán y Pakistán. Las mismas fuentes afirman que una de las finalidades es estimular a los 1.200 arrestados en EE UU en conexión con los atentados a que cooperen en la investigación antes que verse en un juicio militar. El propio jefe del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick J. Leahy, ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de enjuiciar militarmente a gente detenida en EE UU.

El único precedente en el último siglo fue durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó un juicio militar contra ocho saboteadores nazis que entraron con bombas en la Costa Este de EE UU. Siete generales los juzgaron en secreto durante 18 días en el Departamento de Justicia. Los acusados se declararon inocentes y criticaron a Hitler, pero el 8 de agosto de 1942 seis fueron electrocutados en Washington.