La dialéctica del peor escenario

Ayer, un abogado animó la tercera sesión de la vista del recurso de casación de la sentencia del caso Banesto en el salón de plenos, segunda planta del Tribunal Supremo. La defensa de Arturo Romaní destacó amargamente que su cliente era el que mayor condena había sufrido, 13 años y 8 meses de prisión. El letrado rechazó la existencia de delitos de estafa y apropiación indebida. Pero, a través de la técnica de poner a su cliente en 'el peor escenario dialéctico posible', el letrado solicitó al tribunal, subsidiariamente, que casara la sentencia cambiando la calificación de algunos delitos y rebajando la participación de Romaní en los mismos.

El letrado explicó que en el peor de los escenarios posibles, admitido a efectos dialécticos, su cliente se había beneficiado, a través de sociedades interpuestas, de comisiones que no pagó Banesto, sino terceros. Por tanto, razonó, no hubo perjuicio para la entidad. Según ésta lógica, Romaní se habría beneficiado de tres comisiones -unos 4.500 millones en cifras redondas- que pagaron terceros ajenos a Banesto. En la operación Cementeras, la familia valenciana de Emilio Serratosa; en Carburos Metálicos, la multinacional Air Products, y en Dorna-Centro Comercial Concha Espina-Oil Dor, el empresario Carlos García Pardo. La tesis, de hecho, es que tanto Conde como Romaní se embolsaron las comisiones por operaciones que fueron brillantes para el banco -en realidad, ruinosas- y que, encima, pagaron terceros.

El letrado dijo que incluso que en un caso, del de Carburos, el dinero, 1.344 millones de pesetas, fue cobrado, después de la sentencia, por Banesto.

Esos fondos fueron a parar a una fundación llamada Levis, domiciliada en Liechtenstein. Según el letrado, el financiero Jacques Hachuel, que 'tenía una posición jurídica' en esta operación, realizó una transacción con Banesto y se recobró el dinero.

'Mi cliente mandó un fax', dijo el letrado. Esto, en sí mismo, ya es un progreso. Durante su declaración en el juicio oral, Romaní negó que el fax, firmado de su puño y letra, fuera suyo. A través de dicho fax, que seguía a varias conversaciones telefónicas, se pactaba eliminar de un contrato de opciones el precio que pagaría Air Products -1.344 millones de pesetas- para no dejar constancia del dinero cobrado. A su vez, Romaní dio instrucciones para pagar en un banco suizo.

¿Por qué Romaní actuó así en favor de Hachuel? Esta pregunta no fue formulada ayer. Hachuel ha dado hace mucho la respuesta: él y Mario Conde tenían cuentas pendientes. Los 1.344 millones eran un botín a repartir. Incluso durante la instrucción del caso, algunos abogados de Conde y la defensa de Hachuel negociaron una coordinación de declaraciones. Pero no llegaron a un acuerdo sobre el reparto, y el dinero siguió en la fundación. Con la sentencia de marzo de 2000, los gestores de Liechtenstein ya no se resistirían. Acuerdo inevitable.

Ayer, la defensa de Rafael Pérez Escolar también pidió revisar Carburos, así como Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor. Al tiempo, volvió a insistir en un punto que ya había ensayado en la Audiencia Nacional: que se anule a las sociedades de Pérez Escolar como responsables civiles subsidiarios condenadas a reintegrar el dinero obtenido en las operaciones a Banesto.