El Pacto Antiterrorista aumentará el fondo para proteger a concejales y sedes de partidos

Los ministros del Interior, Ángel Acebes, y de Administraciones Públicas, Javier Arenas, se comprometieron ayer en la reunión del Pacto Antiterrorista a presionar a Hacienda para que aumente el fondo destinado a reforzar la seguridad de los concejales y de las sedes de los partidos en Euskadi, cifrado en tres millones de euros. La delegación socialista reprochó al Gobierno su decisión de iniciar, sin consenso previo, la tramitación de la reforma que endurece el cumplimiento de las penas impuestas a los etarras. Pese a ello, la reunión del pacto confirmó la reforma -que eleva de 30 a 40 años la pena máxima por terrorismo y otros delitos graves- y se desarrolló en un buen ambiente, con foto de familia incluida.

El secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Patxi López, exhibió ante los miembros del Pacto un vídeo en el que mostraba las precarias condiciones de seguridad en que se desenvuelven los concejales y las 60 sedes socialistas en Euskadi. Aseguró que la situación de indefensión en que se encuentran los representantes de los partidos constitucionalistas en el País Vasco respecto a los nacionalistas -amenazas de ETA y su entorno y, en consecuencia, dificultades para elaborar listas electorales, temor de sus votantes...- es una cuestión política de primer orden que ha llevado a algunos miembros del movimiento social contra ETA a plantearse la no participación en las próximas elecciones municipales. López rechazó radicalmente la posibilidad de no participar en esos comicios y lo argumentó con el recuerdo de las elecciones de 1999, en las que el buen resultado de los partidos constitucionalistas echó por tierra los planes diseñados por el PNV y Batasuna en el Pacto de Lizarra.

López rechazó también la posibilidad de elaborar listas conjuntas del PP y PSE, y puso el acento en reclamar una mayor presencia del Estado en Euskadi y explotar las posibilidades que ofrece la ley para paliar la desigualdad de las opciones constitucionalistas frentes a las nacionalistas. En ese contexto reclamó un aumento de la dotación destinada a la seguridad de los concejales constitucionalistas, fijada en los Presupuestos del Estado de 2003 en 3 millones de euros y que está reconocida en la reforma de la ley de financiación de los partidos.

Durante la reunión, que duró unas tres horas, los representantes del PP mostraron su coincidencia con el análisis del líder del PSE, y los ministros del Interior y de Administraciones Públicas se comprometieron a gestionar ante el Departamento de Hacienda la ampliación del fondo.

Alfredo Pérez Rubalcaba se quejó de que la reforma legal que endurece el cumplimiento de las penas impuestas a los terroristas. haya sido promovida sin consenso previo. Aunque admitió que al Gobierno le corresponde la iniciativa legislativa, recordó que el punto 5 del Pacto Antiterrorista le obliga a acordarlo previamente con los socialistas. "No debemos enterarnos por los diarios", resumió.