Cuba pierde el apoyo de Europa y de un 'lobby' de EE UU tras las ejecuciones

El Gobierno cubano empieza a asumir las primeras consecuencias políticas de las recientes ejecuciones de tres secuestradores de una lancha de pasajeros y las severas condenas impuestas a 75 disidentes, acusados de "conspirar con EE UU" para desestabilizar la revolución. Varios países de la UE están reduciendo sus intercambios bilaterales y el nivel de sus contactos diplomáticos con Cuba, mientras que en Washington un lobby que ha presionado para el levantamiento del embargo anunció su renuncia en protesta por los últimos acontecimientos ocurridos en la isla.

Fuentes diplomáticas en La Habana indicaron que Bruselas podría decidir en los próximos días suspender los contactos de alto nivel entre la UE y Cuba, con independencia de las medidas bilaterales que adopten los países miembros de la Unión.

El Gobierno holandés fue el primero en actuar, retirando a un funcionario de alto nivel de una misión comercial que viajó a La Habana hace tres semanas. Después Alemania canceló una misión de cooperación y lo mismo hizo el presidente de la región italiana de Campania, que tenía prevista una vista a la isla con anterioridad a los sucesos. España retiró la semana pasada su tradicional participación en el festival cultural cubano La Huella de España, cuya XV edición se celebrará entre el 27 de abril y el 4 de mayo próximos.

Otro hecho significativo ocurrió en la recepción que ofreció el martes pasado en su residencia el embajador del Reino Unido en La Habana, Paul Hare, con motivo del aniversario de la Reina. Por primera vez, los diplomáticos británicos invitaron a una reunión de este tipo a varios disidentes, entre ellos Vladimiro Roca y Elizardo Sánchez. Las esposas de algunos opositores condenados en los juicios sumarísimos celebrados a principios de mes también fueron invitadas.

La Comisión Europea ha señalado oficialmente que la represión contra los disidentes "afectará a las relaciones entre la UE y Cuba y a las perspectivas de una mayor cooperación" y que podría tener un efecto "devastador" para la entrada de la isla en el Convenio de Cotonú, entre la UE y un grupo de 77 países ACP (África, Caribe y Pacífico), que concede jugosas ventajas comerciales a sus signatarios. El Gobierno cubano ya ha adelantado que está "considerando seriamente" retirar su solicitud de ingreso a este acuerdo, ante la posición de algunos países de la UE de utilizar Cotonú como "un mecanismo para presionar a Cuba e imponerle condicionamientos políticos".

Mientras tanto, el presidente y los directores de la Fundación Políticas de Cuba, uno de los grupos que llevan tiempo haciendo lobby en Washington para lograr que se levante o flexibilice el embargo norteamericano contra la isla, anunció su dimisión en protesta por los fusilamientos y las detenciones de disidentes. "La repentina y enorme represión del régimen a los derechos humanos es incomprensible como un asunto de política e inaceptable como un asunto de principios", dijeron en una declaración los miembros de la Fundación.

El senador demócrata por Iowa, Tom Harkin, quien se encuentra de visita en la isla, declaró ayer que ha explicado a las autoridades cubanas el "grave impacto" que ha tenido y tendrá la detención y condena de los disidentes para los esfuerzos por lograr la flexibilización del embargo, en un momento en que éste cada vez era más cuestionado en el Congreso y el Senado de EE UU. El propósito inicial de Harkins en Cuba era promover la venta de alimentos y productos agrícolas de su Estado, pero finalmente acabó pidiendo la liberación inmediata de los opositores. El senador demócrata se reunió con miembros del Gobierno cubano, con embajadores de la UE y con disidentes, y señaló, antes de regresar a EE UU, que, pese a lo sucedido, sería un error aislar aún más a Cuba.

Por otro lado, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció esta semana que algunos de los 75 disidentes condenados serán trasladados en breve a cárceles alejadas de La Habana. Según el presidente de la Comisión, Elizardo Sánchez, el resto de los traslados podrían ser comunicados a los familiares de los presos en el curso de esta semana. A su juicio, estos traslados a lejanas prisiones son "expresión de la especial crueldad con que el Gobierno de Cuba está reprimiendo a pacíficos disidentes" y "constituye un castigo extrajudicial deliberado que afecta", ante todo, a los familiares de los mismos.

Respecto a los recursos de casación presentados por la mayoría de los condenados ante el Tribunal Supremo de la isla, Sánchez considera "muy improbable" que la máxima instancia de la justicia cubana modifique las severas condenas dictadas.