El fiscal y la 'trama del billón'

Alcorcón (144.000 habitantes) fue el primer gran municipio del cinturón rojo del sur de Madrid en derechizarse. En 1999, tras cinco mayorías absolutas de la izquierda, el Partido Popular alcanzó por primera vez el Gobierno local por un sólo concejal de diferencia. Entonces comenzó su revolución urbanística, nunca aprobada por la autoridad superior, la Comisión Regional de Urbanismo, dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas habían dejado aprobado en 1999 un Plan General donde se establecían los crecimientos residenciales de Alcorcón para los próximos años. Planificaron nuevos barrios en el denominado "Ensanche sur" para cerca de 10.000 viviendas. En el norte de la localidad, los redactores del Plan General no pintaron nada.

Cuando llegó el PP al poder, se inició la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una de las primeras decisiones fue rebajar a un tercio el número de viviendas baratas, de manera que si con los socialistas era obligatorio levantar 7.000 de las 10.000 viviendas previstas a un precio tasado y barato, con los populares los pisos de protección quedarían reducidos a 2.000 y el resto, 8.000, serían de precio libre y, por tanto, caros.

La decisión más importante que tomaron los gestores municipales del PP fue recalificar los terrenos rústicos del norte para levantar 33.000 nuevas viviendas, la inmensa mayoría de precio libre.

Con esos planes del PP, cuyo principal ejecutor fue Pablo Zúñiga (primero concejal de Urbanismo y después alcalde tras la muerte de Joaquín Virumbrales, el 9 de septiembre de 1999, tres meses después de acceder al cargo), el municipio de Alcorcón tendría suelo residencial calificado para aumentar su población en más de un 50%.

Esta estrategia urbanística desató la protesta de la oposición (IU y PSOE), que llegó a querellarse, sin ningún resultado, contra el Gobierno municipal.

La Fiscalía de Madrid también investigó el caso hasta detectar numerosas anomalías supuestamente delictivas. En la querella, el fiscal intenta argumentar la participación de los distintos querellados en lo que considera una trama de especulación inmobiliaria para un negocio de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).

- El alcalde. El fiscal atribuye al regidor popular de Alcorcón hasta el pasado 14 de junio, Pablo Zúñiga, ilícitas maniobras para lograr su propósito de una recalificación masiva de suelo rústico para beneficiar a determinados promotores inmobiliarios. "Como sabía que una dificultad esencial para el desarrollo de sus planes estribaba en los informes jurídicos y técnicos que debía recabar obligatoriamente a los órganos técnicos del Ayuntamiento, procedió a prescindir del asesoramiento jurídico y de los informes preceptivos del Secretario general del Ayuntamiento".

El fiscal mantiene que Zúñiga llegó a firmar un decreto en noviembre de 2000 para evitar que el secretario general del Ayuntamiento acudiera a los plenos donde se aprobaban los distintos pasos en la tramitación de las recalificaciones de suelo.

Para los informes técnicos que avalaran los distintos cambios urbanísticos contrató "a personas o mercantiles externos con evidentes vinculaciones con los promotores, eludiendo en su contratación cualquier requisito legal".

- El arquitecto. Leopoldo Arnaiz consigue el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón y, según el fiscal, se pone de acuerdo con los propietarios de suelo o con los promotores inmobiliarios que empiezan a hacerse con opciones de compra de terrenos porque, supuestamente, tienen información privilegiada y saben que van a recalificarse para levantar viviendas de lujo.

Algunas de las operaciones que relata el fiscal suponen un pelotazo en potencia de decenas millones de euros al comprar suelo a 24 euros el metro cuadrado que, previa recalificación, pasó a costar más de 300 euros.

El fiscal asegura que Leopoldo Arnaiz trabajaba para el Ayuntamiento en la redacción de la revisión del Plan General y, a la vez, suscribía contratos privados con los propietarios del suelo para diseñar los futuros nuevos barrios.

- El mayor 'pelotazo'. El fiscal se fija en la promotora Alcorcón 2000 SL, controlada por Juan Benigno Alonso Alarcón y Francisco Díaz Moñux -"condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión a una multa de 110 millones de pesetas por un delito de tráfico de drogas", según el escrito de acusación-, cuyo capital social pasa "de 38 millones de pesetas a 650 millones". El dinero que permitió la ampliación tiene una "procedencia desconocida", según el fiscal.

Esta empresa adquiere una opción de compra -adelanta 1,5 millones de euros- de los terrenos de la Venta de la Rubia cuando todavía son rústicos. El fiscal considera que la promotora Alcorcón 2000 formaliza esta operación porque tiene acceso a una información privilegiada de que los terrenos van a ser recalificados de manera inminente y calcula que la posterior venta de ese suelo permitiría a sus dueños ganar más de 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas).

- Los constructores Bravo y Vázquez. La querella también se refiere a los constructores y promotores inmobiliarios Francisco Vázquez y su sobrino Francisco Bravo. Este último ayudó al diputado socialista tránsfuga Eduardo Tamayo, tras su espantada del pleno de la Asamblea de Madrid, y negoció con el secretario general del PP-Madrid, Ricardo Romero de Tejada, un acuerdo político para evitar que el PSOE gobernará en un municipio, Sevilla la Nueva, donde tenía intereses inmobiliarios. El fiscal recuerda en su querella que la finca denominada Campodón estaba calificada como no urbanizable en el Plan General de 1999. Y que el alcalde de Alcorcón, con el apoyo de los concejales del PP en el Ayuntamiento, intentó recalificarla para que se pudieran levantar sobre ella 1.609 viviendas.

"La mercantil Vaz Inversora e Inmobiliaria, de la que son consejeros Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, detenta ahora mediante opciones de compra una parte muy significativa de los terrenos de aquella recalificación", señala el fiscal. El escrito de acusación destaca que el arquitecto que diseño la revisión del Plan General y que defendió la recalificación de los suelos de Campodón de rústicos a urbanizables ha sido contratado por los dueños privados de esa finca, entre ellos los Vázquez-Bravo.

- Los delitos. Los hechos que relata el fiscal en su querella con, según cuenta en los fundamentos de derecho, constitutivos de los siguientes delitos:

- Asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores.

- Prevaricación.

- Revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.

- Cohecho.

- Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

- Maquinación para alterar el precio de las cosas.

- Blanqueo de capitales.