Michavila se congratula de la "mala noticia" para el Gabinete de Ibarretxe

El ministro de Justicia, José María Michavila, mostró ayer su satisfacción en Santa Cruz de Tenerife por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de desestimar el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló esa norma por la que se ilegalizó a Batasuna.

Michavilla agregó que "el hecho de que el Tribunal de Derechos Humanos desestime la petición del Gobierno vasco supone un triunfo para la democracia española y un paso más para la lucha contra el terrorismo" "Ésta es una buena noticia para los españoles y una mala noticia para el Gobierno vasco", subrayó el ministro. "Las próximas elecciones generales serán las primeras en las que no participe ETA, ya que su partido político no podrá concurrir", agregó Michavilla.

El PP había augurado que el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe iba a "hacer el ridículo" con esa demanda ante el tribunal con sede en Estrasburgo (Francia). El PSE, por boca de Rodolfo Ares, interpretaba que con esa decisión el Gobierno vasco quería "aburrir a Europa" tras hacer lo mismo con España.

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó el día que se anunció la demanda, el pasado 9 de septiembre, que no existe ningún precedente de una demanda de una "institución regional" contra el Estado de que es miembro.

Legitimación

Expertos juristas consultados por este periódico en esa fecha negaban que el Gobierno vasco tuviese legitimación para presentar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Ejecutivo de Ibarretxe ya amagó hace cinco años, durante la tregua de ETA, con acudir a Estrasburgo para denunciar la política del Gobierno central de alejar a los presos de ETA de sus domicilios. Sin embargo, desistió después de que sus servicios jurídicos dictaminaran que sólo podrían hacerlo los directamente afectados; los propios presos o sus familiares. Un dictamen que no sirvió para frenar la posterior demanda contra la Ley de Partidos.

Ante la Corte de Derechos Humanos se presentaron en noviembre otras 221 demandas por parte de otras tantas candidaturas vinculadas presuntamente a Batasuna, que fueron anuladas en vísperas de los comicios por el Supremo y el Constitucional. Los denunciantes invocaron la vulneración de los artículos referentes a la libertad de expresión, elecciones y tutela judicial efectiva.