La fiscal del Estado israelí pide oficialmente que se procese a Sharon por corrupción

La fiscal del Estado reclamó ayer oficialmente el procesamiento del primer ministro israelí, Ariel Sharon, por un supuesto delito de corrupción, cometido a finales de la década de los años noventa, cuando era ministro de Exteriores. La petición de inculpación ha abierto un debate entre la clase dirigente israelí, que ha empezado a exigir la dimisión del actual jefe del Gobierno si éste es procesado, lo que supondría el bloqueo fulminante de todos sus proyectos políticos, incluido el desmantelamiento de los asentamientos de la franja de Gaza y la retirada del Ejército israelí de la zona.

La fiscal del Estado, Edna Arbel,presentó ayer a su superior el fiscal general de Israel, Menachem Mazuz, una petición de procesamiento contra el primer ministro Ariel Sharon, por un supuesto delito de corrupción cometido al aceptar sobornos del empresario inmobiliario y destacado activista del Likud, David Appel, a quien habría ayudado a finales de la década de los años noventa a planificar un imperio turístico, el más importante del mundo, en una isla griega situada a unos 40 kilómetros de Atenas, aunque finalmente no pudo llevarse a cabo.

Según investigaciones de la policía y de la fiscalía, recogidas en el acta de acusación, los planes inmobiliarios del empresario Appel contaron con el apoyo decisivo del entonces ministro de Exteriores de Israel, Ariel Sharon, y del alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert. A cambio se habría comprometido a financiar la carrera política de ambos, incluidas sus candidaturas en las elecciones internas del partido nacionalista Likud y las elecciones generales.

David Appel, según la investigación de la fiscal, habría pagado los buenos servicios de Sharon de manera indirecta a través de su hijo Gilad, a quien habría contratado como asesor a cambio de un abultado sueldo, de varios miles de dólares, una parte de los cuales se habría destinado a pagar los déficit provocados por la finca familiar de los Sharon, el Rancho Sicomoro, en el desierto del Neguev.

Aunque el fiscal general del Estado, Menachem Mazuz, dispone de un plazo máximo de dos meses para decidir sobre el procesamiento de Sharon, la clase política israelí ha empezado a debatir sobre el futuro del actual jefe de Gobierno. Mientras que algunos sectores reclaman su dimisión fulminante, otros se muestran más cautos y piden que su salida del Ejecutivo sea con carácter provisional y sólo si el acta de acusación es oficialmente aceptada y es procesado.

El debate sobre Sharon amenaza con arruinar la puesta en marcha de sus planes políticos, especialmente el Plan de Desconexión Unilateral de los Territorios Palestinos, la evacuación de 17 asentamientos en la franja de Gaza y el posterior repliegue de las tropas.

Pero, además, complica el viaje que el primer ministro tiene proyectado realizar a Estados Unidos el 14 de abril, donde debería entrevistarse con el presidente George W. Bush para reclamarle apoyo y financiación para poder llevar a cabo unos planes de "pacificación", que supondrían una alternativa a los proyectos de la comunidad internacional recogidos en la llamada Hoja de Ruta apoyada por Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y la ONU, y que permanece como el único instrumento defendido por Washington para lograr un regreso de israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones.

"En estas circunstancias, el primer ministro debe dimitir", aseguró ayer Yosef Parittzky, responsable de la cartera de Infraestructuras, dirigente del partido laico Shinui, uno de los principales pilares del Gobierno de unidad nacional presidido por Sharon, quien añadió sin ambigüedades: "Espero que hoy me diga que está dispuesto a irse a casa y batirse para probar su inocencia".

Sin embargo, Uzi Landau, ministro sin cartera del partido Likud, reclamaba con más cautela que el jefe del Gobierno abandonara sólo provisionalmente sus cargos en el caso de que en los próximos días se concretara el acta de acusación y fuera oficialmente inculpado, tal y como reclama la fiscal del Estado.

Las voces que reclaman que Sharon se vaya a casa se encuentran respaldadas por una parte importante de la población, que a principios de este mes apoyaron en un 53% la dimisión del jefe del Gobierno, pero sólo en el caso de que éste pudiera llegar a ser inculpado.

Vendaval político

El vendaval político y jurídico que se abate sobre Sharon podría complicarse aún más en las próximas semanas si se le acusa también formalmente de un segundo delito de financiación ilegal de su campaña electoral de 1999, durante la cual recibió de un amigo surafricano una ayuda de un millón y medio de dólares.

El pasado octubre Sharon fue interrogado con relación a este segundo caso. El primer ministro alegó que se trataba de la ayuda prestada por un "amigo de la familia" y que había sido devuelta con fondos provenientes de una hipoteca sobre su rancho Sicomoro.

Aunque la ley israelí no obliga a Sharon a dimitir, incluso si llega a ser inculpado o condenado, los escándalos judiciales en que se encuentra inmerso están lastrando su popularidad, que está en caída libre. Sin embargo, el primer ministro es optimista y aseguraba recientemente que pensaba seguir al frente del país hasta el fin de la legislatura prevista para 2007.