Pocos cambios, pero provocativos

Las cajas de ahorro están viviendo ahora ahora las consecuencias de los últimos cambios legislativos, que comenzaron hace dos años. La Ley Financiera, la Ley de Transparencia y la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos (que modificaba el sistema de representación de los impositores y de las autoridades locales) han supuesto fuertes cambios internos que las entidades se esfuerzan por asimilar.

La innovación más notable ha sido la aparición de las cuotas participativas (similares a las acciones sin voto), creadas para reforzar el nivel de recursos propios, pero también se están adaptando a la composición de las comisiones del consejo, la información pública que están obligadas a ofrecer, aspectos que también han llegado a los bancos.

El PSOE podría acabar con el sindicato de cuotapartícipes porque cree que son el primer paso para pedir derechos políticos en las cajas

Los responsables de las cajas de ahorro creen que detrás de la nueva legislación "están los bancos, que han hecho un lobby para evitar frenar nuestro crecimiento porque somos un quebradero de cabeza". En el sector opinan que la banca no está realizando buenos ejercicios en España en los tres últimos años, con márgenes a la baja, mientras que los de las cajas están creciendo. Una manera de frenar ese crecimiento es, según estas fuentes, evitar que las cajas puedan captar recursos propios en el mercado si, a cambio, no aceptaban cotizar en igualdad de condiciones con el resto de las empresas. "Por eso interpusieron tantas alegaciones a la normativa sobre las cuotas y realizaron presión".

En opinión de la Asociación Española de Banca (AEB), lo único que se ha querido impedir es que "obtengan recursos del mercado a precios más baratos que los bancos, porque supondría un fuerte desequilibrio".

Los propósitos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando se constituya, acerca de las cajas apenas rebasan el nivel de las intenciones. El carácter de Pedro Solbes induce a suponer que se tomarán muy pocas decisiones sobre el particular y que las que se adopten serán muy meditadas y debatidas, quizá hasta la extenuación. El motivo de debate estaría, sobre todo, en algunos aspectos de la Ley Financiera en la aplicación y desarrollo de las cuotas participativas.

Los socialistas tienen interés en corregir rápidamente la legislación (Ley Financiera) que permite a las Cajas fundadas por la Iglesia católica (Caja del Círculo Católico de Burgos y Cajasur de Córdoba, principalmente) depender directamente del Ministerio de Economía (so pretexto del Concordato con la Santa Sede) y hurtar su dependencia de las comunidades autónomas. En abril de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía negó a la Junta andaluza las competencias para inspeccionar Cajasur precisamente en virtud de la Ley Financiera aprobada con la mayoría del Partido Popular. El nuevo Gobierno introducirá en la Ley Financiera los cambios necesarios para que las cajas de fundación católica retornen a su dependencia de las comunidades autónomas respectivas y, por lo tanto, a los equilibrios políticos cada comunidad.

Pocos cambios se prevén en la aplicación de las cuotas participativas, reguladas también por la Ley Financiera. El PSOE objetó varios puntos del modelo de cuotas aprobado finalmente, pero hoy entiende que carece de sentido provocar grandes modificaciones.

Pero sí hay un punto especialmente sensible para el nuevo equipo económico. Es el que permite la formación de sindicatos de cuotapartícipes. Simplemente, los nuevos gestores económicos no son partidarios de tales sindicatos; entienden que constituyen el primer paso para solicitar derechos políticos en las cajas y consideran que ése no es el camino adecuado para gestionarlas.

Esto es casi todo. No hay intención de introducir otros cambios legales; ni siquiera la limitación de edad de consejeros y presidentes, redactado para despedir a Josep Vilarasau de La Caixa, a la que se opuso el PSOE, provoca ansias de modificación. Una vez aprobado, se da por bueno.