El nuevo presidente sigue sin lograr el reconocimiento internacional
La calma ha retornado a Ecuador, pero es muy pronto para pensar en una tranquilidad duradera. El nuevo Gobierno del presidente Alfredo Palacio no ha sido aún reconocido ni por la Organización de Estados Americanos (OEA), ni por ningún Gobierno extranjero. El pasado viernes, durante una reunión extraordinaria de la organización internacional, convocada precisamente para analizar la crisis ecuatoriana, el embajador de Perú en ese organismo, con el temor de que este fenómeno se propague a su país y a los demás de la región, propuso un voto de censura contra el nuevo Gobierno de Quito.
Palacio decidió entonces enviar una delegación de juristas a Washington, presididos por el ex vicepresidente y ex embajador en la OEA, Blasco Peñaherrera, para informar sobre el estado del país. Tras esta visita, la OEA acordó enviar una delegación que deberá llegar a lo largo de esta semana a Ecuador para evaluar la situación de primera mano.
Los juristas y analistas ecuatorianos sostienen que no hay necesidad de reconocimiento por parte de la OEA del nuevo régimen, ya que no se ha producido un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional por destitución. Ningún Gobierno ha suspendido sus relaciones diplomáticas con Ecuador ni ha llamado a consultas a sus embajadores.
En la Constitución ecuatoriana está prevista la figura del vicepresidente, con el deber de ocupar la presidencia en cualquier circunstancia, como la muerte, renuncia, destitución o abandono del poder. De hecho, está tan claro para los ecuatorianos que la destitución ha sido legal, que las únicas manifestaciones que todavía se veían ayer en las calles de Quito son contra el cuestionamiento de la OEA sobre la decisión tomada el pasado miércoles por el pueblo y el Congreso ecuatoriano de deponer al ex presidente Lucio Gutiérrez y reemplazarlo por Palacio.
Mientras tanto, Gutiérrez permanecía ayer refugiado en la residencia del embajador del Brasil, a la espera de un salvoconducto para salir del país. El ex presidente, a través de una llamada telefónica con sus partidarios congregados en la Gobernación de la provincia costera de Manabí, les pidió que continuasen unidos en la lucha para restaurar su Gobierno. Gutiérrez sostiene que su destitución fue "ilegal" y que el Congreso lo destituyó "de una manera inconstitucional, con 60 votos, sin juicio político" y sin que él hubiera "abandonado el cargo".
