Suspenso subsanado
Goteras, humedades, falta de espacio y de higiene. Ésta era la situación de los cuatro centros de internamiento de menores de titularidad pública que existen en la Comunidad de Madrid. Lo relataba el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su último informe (2004) sobre la situación de estos centros en Madrid. Calificación: "Muy deficiente".
Además, el pasado abril, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, manifestaba su preocupación por la falta de plazas en los centros de la Comunidad.
La Consejería de Justicia e Interior que dirige el consejero Alfredo Prada Presa asegura que teniendo en cuenta el informe elaborado por el Defensor del Pueblo "se han hecho determinadas obras de mejora y adecuación de espacios dirigidas a los centros de gestión íntegramente pública (Renasco, Madroño y Altamira), realizándose una inversión de más de 85.000 euros. Con esta cantidad se ha subsanado el total de deficiencias que el Defensor del Pueblo señalaba en su informe y que se referían a estos inmuebles en concreto", explica un portavoz.
Según datos de la consejería, a 30 de mayo de 2005, la red de Centros de Ejecución de Medidas Judiciales -16 centros de los que sólo cuatro son de titularidad exclusivamente pública, y el resto, concertados- dispone de un total de 363 plazas, lo que ha supuesto un incremento de 69 nuevas plazas respecto a 2004.
La distribución actual de menores internados, según estos datos, es la siguiente: 181 plazas en régimen cerrado, 160 en régimen semiabierto, 12 en régimen abierto y 10 de internamiento terapéutico por abuso de estupefacientes. La consejería admite que hay 92 menores que deberían estar en régimen semiabierto y que, por falta de plazas, no han podido cumplir su pena y están en sus casas.
La Comunidad tiene firmados convenios para la construcción de tres nuevos centros en Aranjuez, Valdemoro y Brea de Tajo.
