El Parlamento Europeo entierra la polémica directiva sobre patentes informáticas

El Parlamento Europeo enterró ayer uno de los proyectos más polémicos de los que ha emprendido la UE en los últimos años. Por 648 votos a favor y 14 en contra, cerró el paso a la directiva de patentes de programas informáticos. Las multinacionales de software, favorables al proyecto, lamentaron la decisión que buscaban las pequeñas y medianas empresas (pymes), y los defensores del software libre la aplaudieron. "Nunca antes habíamos tocado un asunto que moviera tantos millones de dólares", dijo ayer el eurodiputado socialista y ex primer ministro francés Michel Rocard.

El debate sobre esta directiva ha durado tres años y ha generado un nivel de presión sobre las instituciones europeas por parte del sector que tiene pocos precedentes. En palabras de la socialista María Bergen, han sido "insoportables". Uno y otro bandos se enfrentaron incluso a las puertas de la Eurocámara en Estrasburgo. Al final, el proyecto quedaba ayer enterrado al tiempo que el mismo Parlamento pedía una nueva propuesta a la Comisión Europea para armonizar y clarificar el panorama, que era el objetivo de este primer proyecto fracasado.

La directiva en cuestión pretendía ofrecer la posibilidad de patentar programas de ordenador que suponen una innovación tecnológica, como el software de un teléfono móvil o el del ABS de un coche, por ejemplo. Se excluía expresamente el software de los ordenadores. Socialistas, verdes e Izquierda Unitaria han liderado el rechazo al proyecto, aunque en las 48 horas precedentes al voto de ayer los eurodiputados de la derecha fueron sumándose a sus filas.

La queja de las pymes, que consideraban que la norma generaría concentración y monopolio para las grandes, ha pesado en la Eurocámara. "Hay una enorme preocupación sobre la situación de las pymes. La respuesta de la Comisión a tal preocupación condicionará mi voto", advertía el martes la conservadora Marianne Thyssen. "No quiero esta directiva tal como está", decía su correligionario checo Tomas Zatloukal.

Las pymes y la izquierda parlamentaria consideran que pleitear por las patentes sólo lo pueden afrontar las grandes compañías y que la política estadounidense de patentar el software ha sido catastrófica, pues las grandes se han hecho con toda la industria.

"Las notas musicales no se pueden patentar; tampoco las fórmulas matemáticas", explicaba ayer Rocard. "Silicon Valley nació y se desarrolló sin patentes de software... Hay que luchar por la libre circulación de ideas. No podemos monopolizar el saber", añadió. "Rocard pertenece a un mundo analógico, no digital", contraataca Mark MacGann, en nombre de multinacionales del software como SAP, Nokia o Microsoft. "El software está en el corazón de todas las innovaciones actuales y la patente es la única garantía de retorno para las empresas innovadoras. Nosotros no queríamos el sistema estadounidense de patentarlo todo".

El temor de los detractores de la directiva es que las patentes supongan bloquear el software existente de forma que cierre el paso a nuevas innovaciones. De ahí que Rocard hubiera propuesto una serie de enmiendas a favor de la interoperatividad que permitiría patentar la invención técnica, pero no el programa que lo había hecho posible. La maraña de enmiendas en un asunto tan técnico como éste desembocó, finalmente, en el voto negativo a la directiva también del centro-derecha en bloque y, por tanto, no se votaron las enmiendas de Rocard.

Laguna legal

Paradójicamente, tal decisión deja las cosas como están, es decir, que la industria podrá seguir patentando el software como hasta ahora en la Oficina de Patentes de Múnich, en razón de leyes nacionales diversas. De ahí que el resultado sea dejar sumido al sector en una "laguna legal", como explica el socialista Manuel Medina. "Preferimos esa supuesta laguna legal a las propuestas de Rocard", tercia Jonathan Zuck, en nombre de la estadounidense Association for Competitive Technology, que también representa a 400 empresas europeas.

El voto de la Eurocámara ha supuesto, de paso, un varapalo a la Comisión, autora de la primera propuesta (lanzada, por cierto, por el ex comisario Frits Bolkestein, el mismo de la directiva de servicios), y un duro enfrentamiento con el Consejo (los gobiernos), empecinado en aprobar el proyecto, pese a que los eurodiputados ya lo habían rechazado en primera lectura.