El trágico precedente del Yak-42

El 26 de mayo de 2003 se produjo el peor accidente de las Fuerzas Armadas españolas. Un total de 62 militares perdieron la vida al estrellarse el avión en el que regresaban a España -un Yakolev 42 ucranio- tras cuatro meses de misión humanitaria en Kabul, la capital de Afganistán. Tras dos intentos frustrados de aterrizaje en el aeropuerto turco de Trabzon, donde debía repostar, la aeronave se estrelló. Nunca llegó a Zaragoza, donde se le esperaba de madrugada: quedó hecho trizas en el alto de una montaña, a 50 kilómetros de Trabzon.

Pero el accidente generó además una posterior cadena de episodios trágicos. El más dramático, cuando se descubrió que el empeño del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, de repatriar los cuerpos de forma inmediata -sólo dos días después- provocó que 30 de los cuerpos fueran incorrectamente identificados. El equipo enviado por el anterior Gobierno para que colaborase con Turquía en las identificaciones erró en todos los casos que se le encomendaron. Ni siquiera intentaron identificar a los 30 fallecidos asignados por las autoridades turcas. Este hecho salió a la luz en septiembre de 2004, después de que se cotejaran las muestras de ADN de las víctimas con las de sus familiares. El Ministerio de Defensa durante la etapa del PP había negado que se hubiesen tomado muestras a los militares. Tras destaparse los errores, varios cadáveres fueron exhumados para ser entregados a sus verdaderas familias.

En las investigaciones posteriores al siniestro también se descubrió que el aparato, contratado por la Agencia NAMSA de la OTAN, había pasado por varias subcontratas, en las que se perdió el seguro de vida de los militares. Hasta seis intermediarios intervinieron y cada una cobró su comisión correspondiente. NAMSA reconoció su responsabilidad en este hecho, pero indicó que la responsabilidad de control era compartida con el Ministerio de Defensa español.

Las denuncias previas al siniestro de algunos mandos por las malas condiciones de los aparatos fletados por el Ministerio de Defensa para transportar a las tropas españolas en misiones de paz comenzaron entonces a emerger. Estos aviones eran conocidos por quienes habían viajado en ellos como "chatarras volantes". La investigación interna de Defensa admitió que las quejas elevadas por los mandos sobre irregularidades en aviones ex soviéticos -algunas de las cuales afectaban a la seguridad- no sirvieron para corregirlas, "a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos", pero apuntó a la responsabilidad de la agencia NAMSA en las anomalías.

En ese mismo informe, se constató que se elevaron 14 partes de queja en tan solo 43 vuelos. En algunos de ellos se hacía referencia a aspectos graves. Las deficiencias de estos vuelos fueron corroboradas por el servicio secreto del Ejército de Tierra y por el Centro Nacional de Inteligencia.

Las desavenencias entre Trillo y la mayoría de los familiares de las víctimas han sido una constante. Éstos han denunciado continuamente su mala gestión en la crisis, el abandono sufrido por el departamento que dirigía el ex ministro, e incluso llegaron a lanzar acusaciones de moverse por intereses políticos. Trillo fue reprobado hace dos meses en el Congreso. En su intervención, el ahora diputado del PP negó cualquier error y responsabilizó de lo ocurrido a los mandos militares. Tras el accidente, Trillo achacó el accidente a "las circunstancias meteorológicas fortísimas de tormenta y niebla", y defendió que los Yak-42 era "excelentes, con plena garantía y revisados por la Alianza Atlántica".

Este extremo fue negado por la OTAN, que sólo se encarga de revisar la documentación. El borrador del informe de la comisión internacional que se creó en Turquía para investigar el accidente desveló que las condiciones meteorológicas eran adecuadas y que la "extrema fatiga" y la "inexperiencia" de los pilotos fue la principal causa del siniestro.