No jueguen con eso
En todos los partidos hay especialistas de la bronca, pero es penoso que varios portavoces habituales del PP y el PSOE se dediquen ahora preferentemente a encontrar cada día renovadas razones para ahondar el enfrentamiento en materia de política antiterrorista. Cada día se produce una puja de agravios, a veces retrocediendo a años o decenios (el 11-M, los GAL), para determinar quién es más culpable de la ruptura del consenso. Ello no hace sino desconcertar y hastiar a una opinión pública que, según todas las encuestas, quisiera ver a los dos grandes partidos españoles unidos contra ETA. Entre otras cosas porque, en plena ofensiva de bombas mafiosas, como la de ayer en Mutriku -tercera en cuatro días-, esa división fortalece a los terroristas. Eso es lo que le dijo ayer Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a Mariano Rajoy, repitiendo lo que 10 días antes le había dicho también a Zapatero.
Ni el Gobierno se ha vendido a los terroristas, ni los del PP prefieren que siga ETA mientras gobiernen los socialistas. Es una calumnia decir que Zapatero está más cerca de los presos etarras que de las víctimas, y también augurar que el PP nunca será leal porque le va bien la deslealtad. Desde que Rajoy acusara a Zapatero en sede parlamentaria de traicionar a los muertos, la cúpula de su partido, encabezada por Acebes y Zaplana,ha hecho de esta acusación un lugar común. Enfrente, José Blanco se ha especializado en las respuestas subidas de tono.
Otros políticos, como el ministro del Interior, que tiene motivos para conocer el asunto más de cerca, suelen ser más comedidos. Ayer dijo que una condición para el acuerdo es que el PP reconozca que la definición de la política antiterrorista corresponde al Gobierno. Así ha sido siempre desde el inicio de la transición y así se recoge en el pacto antiterrorista que tanto se invoca. Pero también es cierto que ese respaldo, que el PP le niega al Gobierno, exige por parte de éste información y explicación suficientes sobre las líneas generales de su política. Alegar falta de confianza es un argumento débil.
Si el consenso es necesario para las medidas que puedan llevar al fin de ETA, como reconoce Zapatero y suele admitir Rajoy, ambos partidos tienen el deber de tomar iniciativas que lo favorezcan. El PP presentó ayer a votación en el Parlamento el decálogo que Maite Pagazaurtundua había leído el pasado día 17 en La Moncloa sobre pautas para una paz que no ofenda a las víctimas. El texto no contradice la declaración del Congreso sobre un diálogo tras el fin de la violencia. Lo que resulta incomprensible para los ciudadanos es que no fuera posible alcanzar un consenso parlamentario por que el PSOE propusiera encabezar esta declaración con el reconocimiento de que es al Gobierno al que corresponde dirigir la política antiterrorista. Algo que está en el Pacto por las Libertades.
