Japón batió su récord de ejecuciones en 2006
Japón "no tiene, actualmente, planes de introducir ningún cambio" para abolir la pena de muerte, pues "aunque haya diferentes puntos de vista sobre esta cuestión, el 80% de los ciudadanos no se opone a mantenerla". Así lo declaró el ministro de Justicia, Jinen Nagase, el 25 de diciembre, un día después de que fueran ejecutados cuatro hombres en Japón.
Nagase aseguró que la pena de muerte goza de amplio apoyo entre la población japonesa, como reveló una encuesta efectuada por el Gobierno en 2004, con el respaldo del 80%, y una oposición del 6%.
El momento elegido para las últimas ejecuciones del Día de Navidad fue criticado por la comunidad cristiana en Japón, que supone el 1% de los 128 millones de habitantes del archipiélago, compuesto mayoritariamente por sintoístas y budistas.
Aunque ni la identidad de los ejecutados ni el lugar donde murieron fueron dados a conocer, se sabe que en dos casos se trató de algunos de los convictos de más edad del corredor de la muerte, de 75 y 77 años, respectivamente.
Esas ejecuciones fueron también las primeras desde septiembre de 2005, pues el antecesor del actual ministro de Justicia, Seiken Sugiura, estaba en contra de la pena capital, por ser opuesta a sus creencias budistas. Y en sus 11 meses en el cargo no firmó una sola orden de aplicación de la pena.
Japón, que, junto con Estados Unidos, es una las dos potencias económicas que mantienen la pena de muerte, batió en 2006 su propia marca, al dictar sus tribunales esa sentencia a un total de 44 personas, el mayor número en los últimos 26 años.
Ese récord se debió a que en 2006 la Corte Suprema, los más altos tribunales regionales y los de distritos, castigaron con más severidad los crímenes cometidos con violencia.
Pese a que ese tipo de delitos son relativamente raros en Japón, que tiene una de las tasas más bajas de cualquier tipo de delincuencia entre las naciones más industrializadas, su número ha crecido sin parar.
Igualmente, son muy pocos los casos en que se llevan a cabo las ejecuciones -en la horca-, que suelen hacerse en las pausas de las sesiones parlamentarias, sin avisar previamente, o con escasa antelación, a los convictos, para evitar apelaciones en el último momento, y con gran reserva por parte del Gobierno; elementos que son muy criticados por la comunidad internacional.
"Los presos mayores y los enfermos mentales son dejados en celdas durante años hasta su ejecución", denuncia Amnistía Internacional.
Actualmente, hay 93 convictos japoneses en el corredor de la muerte, según datos de la Corte Suprema y el ministro de Justicia. En 1993, el Gobierno levantó una moratoria de cuatro años sobre la pena capital; y a partir de 1998 comenzó a informar de las ejecuciones, si bien cuando ya habían sido practicadas, y sin darles publicidad alguna.
