Deber de auxilio
El remolcador español Montfalcó recogió a los 26 pasajeros subsaharianos de una embarcación que el pasado sábado se fue a pique a unas 100 millas al sur de Malta y otras tantas al norte de Libia, y a la que previamente había suministrado combustible y alimentos. El capitán no sólo actuó de acuerdo con las exigencias de humanidad, sino que, además, cumplió con su deber, de acuerdo con las leyes del mar.
Como en el caso del buque Francisco y Catalina, la evidencia de que los pasajeros de la embarcación que rescató el Montfalcó tuvieran la intención de entrar ilegalmente en algún país europeo no les priva de su condición de náufragos, con los que los buques próximos del lugar del naufragio y los países ribereños tienen obligaciones establecidas en las Convenciones de Derecho del Mar. Tratarlos como inmigrantes y no como náufragos corre el riesgo de convertir la inmigración en una especie de nueva casta para la que no rigen las normas internacionales. Además, dificulta la solución de lo que no es sino un contencioso que enfrenta a un buque español con dos países ribereños reacios a cumplir con su deber de auxilio, y que el Gobierno debería llevar ante la justicia internacional. Otra cosa es que, mientras se resuelve el contencioso, el Ejecutivo tenga que adoptar las decisiones necesarias para minimizar el perjuicio al Montfalcó y, por tanto, ha hecho bien enviando un buque desde Mallorca para hacerse cargo de los subsaharianos.
En el caso de Malta, su rechazo a auxiliar a los náufragos resulta particularmente grave porque está faltando a las exigencias de la solidaridad comunitaria, reiterando el comportamiento que tuvo con el Francisco y Catalina. No se puede pasar por alto que un país de la UE tenga hacia un buque de otro miembro una actitud que le causa un grave perjuicio por el simple hecho de haber cumplido con su deber. ¿O es que la Europa unida que pretende construir Malta debería abandonar a los náufragos a su suerte en alta mar? La Comisión Europea y la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) han decidido encargar un informe jurídico para decidir el derecho aplicable en circunstancias como las que vive el Montfalcó. Es de esperar que sirva de base para establecer un protocolo de actuación que, al menos, se aplique lealmente entre socios europeos. Respecto de los países terceros, la UE no debería desentenderse de los incumplimientos del deber de auxilio que afecten a buques de los países miembros.
