Un asunto tenebroso
Sesenta horas ha durado el gran apagón de Barcelona, que afectó a 350.000 abonados, de los que 10.000 soportaron el corte de luz en su integridad. Las explicaciones sobre el incidente de los responsables del Gobierno catalán, del Ayuntamiento y de las empresas implicadas -Endesa y Red Eléctrica Española (REE)- resultan irritantes de puro imprecisas e insatisfactorias. No es de extrañar que los afectados, sumidos a la fuerza en las tinieblas y más que sorprendidos por el retraso en la reparación de las graves averías, hayan mostrado abiertamente su enfado por lo que consideran negligencia de las autoridades en resolver una situación de emergencia. Esa irritación puede agravarse si no median pronto explicaciones claras sobre las causas del apagón y sobre quién pagará las responsabilidades pertinentes por este caos propio de la era preindustrial.
Hasta donde se conocen los hechos, el apagón fue provocado por la caída de un cable de 110 kilovoltios sobre una subestación de REE en Collblanc, causando un cortocircuito que inutilizó el aparillaje eléctrico de la subestación y de varias interconectadas. Esta somera descripción basta para orientar las líneas básicas de la investigación de responsabilidades. La primera e inexcusable obligación del informe sobre las causas del desastre es determinar por qué se desprendió el cable y si Endesa ha realizado las inversiones necesarias para evitar que sus tendidos se caigan como fruta madura. No es un secreto que las empresas eléctricas -también REE entre 1997 y 2004- han descuidado sus gastos de mantenimiento de la calidad del servicio.
Pero hay unas responsabilidades políticas que rebasan la propia de las empresas implicadas. Resulta paradójico que una Administración abundante en organismos reguladores -Ministerio de Industria y Comisión Nacional de la Energía-, supuestos encargados de que las empresas suministren luz en buenas condiciones, jamás haya abierto un expediente por abusos de mercado o inversiones insuficientes antes de que se produzcan los apagones. Además de ocuparse de las grandes maniobras corporativas, los reguladores tienen que proteger a los abonados.
En la última línea de defensa de los ciudadanos, el Gobierno catalán también ha fallado. Si el mallaje de la distribución eléctrica en Barcelona es imperfecto, las competencias autonómicas deberían permitir presionar a las compañías para que lo mejoren y que los grandes cortocircuitos puedan corregirse en pocas horas. El apagón del lunes demuestra que las administraciones y los reguladores han dado la espalda a los consumidores.
