El presidente turco se elegirá en las urnas
El presidente turco será elegido en las urnas y no en el Parlamento por los diputados como hasta ahora. Así lo decidieron ayer los turcos en referéndum: con más de la mitad de los votos escrutados, el 70% respaldaba la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno del islamista moderado Recep Tayyip Erdogan. La participación fue del 45%.
En principio, la reforma no afectará al mandato de Abdulá Gül, elegido presidente en agosto, si bien algunos juristas consultados sostienen que hay resquicios legales para interpretar lo contrario. El sistema vigente hasta ahora preveía un mandato no renovable de siete años. Con el nuevo, que empezaría a aplicarse en 2014, el presidente sería elegido por cinco años y tendrá la posibilidad de presentarse una vez a la reelección.
La elección de presidente llevó a Turquía a una de las peores crisis de los últimos años. Antes del verano, el gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que disponía de una sólida mayoría en el Parlamento, propuso a Gül. La oposición laica no le consideró idóneo para representar el cargo debido a que su esposa utiliza el hiyab, una prenda que considera religiosa. El Ejército amagó con intervenir en defensa de las esencias del Estado kemalista (laico) y el AKP respondió convocando elecciones que le dieron un aplastante triunfo. Reforzado por las urnas, el AKP volvió a proponer a Gül como presidente y el Ejército no tuvo más remedio que aceptarlo.
Fracaso de la oposición
"Es muy importante para nuestro país y nuestra democracia que la gente participe en el referéndum y exprese sus preferencias ante los cambios propuestos", afirmó Gül en un comunicado. La oposición hizo campaña en contra de la elección directa del presidente al considerar que supondría otro paso en la supuesta liquidación del Estado laico. Los ciudadanos volvieron a darles la espalda.
La participación fue la más baja de entre los cinco referendos de la historia republicana de Turquía, a pesar de que la abstención se castiga con una multa de 10 euros. La consulta de ayer era el primer paso en las ambiciosas reformas institucionales que promueve el Gobierno, que incluye redactar una nueva Constitución para reemplazar la vigente, aprobada en 1982 bajo la amenazadora vigilancia de los militares.
