El Tribunal Supremo liquida ANV
La Abogacía del Estado elevará un informe al Ejecutivo sobre la posibilidad de disolver los 42 ayuntamientos que gobiernan los herederos de Batasuna
La Sala Especial del Tribunal Supremo declaró ayer la ilegalización y disolución del partido político Acción Nacionalista Vasca (ANV), tras estimar las demandas presentadas por el Gobierno y el Ministerio Fiscal. El anuncio lo hizo el presidente del Supremo, Francisco Hernando, que convocó a los periodistas a su despacho oficial a las 11.00.
La ilegalización comporta, según subrayó, la liquidación del partido y embargo de todos sus bienes, según las previsiones de la Ley de Partidos Políticos.
La ilegalización no quita los escaños a los ediles, pero sí les restará fondos
Rubalcaba descarta instar la disolución de alguna corporación
Los argumentos de la sentencia de ilegalización se harán públicos en los próximos días, -previsiblemente el viernes-, aunque fuentes del Supremo apuntaron lo básico: ANV ha dado apoyo político al terrorismo mediante una cesión de candidaturas municipales en favor de la ilegal Batasuna, que colabora con los terroristas de ETA.
La disolución no afecta a la condición de alcaldes y concejales de ANV, que podrán seguir en sus puestos y cobrar su sueldo. Sin embargo, los grupos municipales de ANV no podrán percibir subvenciones y los despachos y locales que tengan asignados serán clausurados.
Según fuentes de Justicia, el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, va a elevar un informe al Gobierno sobre la posibilidad de disolver o no aquellas corporaciones locales en las que gobierne ANV, aplicando el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Ese precepto contempla la posibilidad de disolver aquellas corporaciones locales que den "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
ANV gobierna en 42 alcaldías del País Vasco y Navarra, en 24 de ellas con mayoría absoluta. No obstante, las fuentes consultadas subrayaron que se trata de un informe o estudio y que la disolución de corporaciones entraña serias dificultades. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anticipó que el Gobierno "no se plantea instar la disolución de ningún ayuntamiento con mayoría de ANV".
La deliberación de la sentencia que ha llevado a la ilegalización de ANV se inició el lunes y prosiguió ayer en sesiones de mañana y tarde, hasta bien entrada la noche. El presidente del Supremo convocó por la mañana al Abogado del Estado, al Fiscal y al procurador de ANV, a quienes dio cuenta del fallo. A continuación, y con un estrecho margen para evitar filtraciones, compareció brevemente ante los medios informativos. Hernando dijo también que hoy comenzarán las deliberaciones sobre las demandas presentadas contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
La ilegalización y disolución de ANV, partido fundado en 1930, tiene como efectos automáticos la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, el cese inmediato de todas sus actividades y la apertura del proceso de liquidación que concluirá con la entrega de sus fondos al Tesoro Público. Algunas de estas medidas, como el embargo de subvenciones y el cierre de locales ya se han adoptado en algunos ayuntamientos, en cumplimiento de la orden de suspensión de actividades de ANV decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en febrero.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue informado del fallo por el fiscal jefe de lo Contencioso, Antonio Narváez, al que dio instrucciones para reunirse ayer mismo con los fiscales del Constitucional para empezar a preparar los alegatos frente a un previsible recurso de amparo de ANV.
Las causas de ilegalización esgrimidas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra ANV están establecidas en distintos apartados del artículo 9.3 de la Ley de Partidos, y se refieren fundamentalmente a haber dado apoyo político al terrorismo, minimizando la acción violenta, amenazante o intimidatoria de los terroristas.
Según las fuentes consultadas, el Supremo estima que tras una inicial y calculada ambigüedad frente a actos de terrorismo, ANV terminó asimilando el discurso clásico de Batasuna sin llegar nunca a la condena pública de atentados de ETA. Además, desde instituciones gobernadas por ANV se apoyaron medidas administrativas de apoyo a la banda, como comisiones de presos o represaliados en el Ayuntamiento de Hernani. En ese sentido, también se citan campañas de intimidación contra la construcción del AVE vasco. Y finalmente, la "conexión" entre ANV, Batasuna y PCTV, a través de la gestión común de recursos económicos mediante un sistema de "caja única" para financiar actuaciones de la ilegal Batasuna.
Concejales en precario
La disolución de los grupos municipales que tiene ANV en un total de 127 ayuntamientos del País Vasco (93) y Navarra (34) y la pérdida de la financiación que les corresponde es la consecuencia más trascendente de la sentencia de ilegalización dictada ayer por la Sala del 61 del Tribunal Supremo.
Dado que los cargos electos no pueden ser despojados de su condición, los 437 concejales de las 127 candidaturas de ANV que no fueron impugnadas en 2007 (otras 133 se anularon) continuarán en su puesto hasta concluir su mandato. Pero en unas condiciones de funcionamiento mucho más limitadas y precarias. El partido que prestó sus siglas a Batasuna para las elecciones locales de 2007 ya comenzó a notarlas cuando el pasado 9 de febrero el Supremo paralizó cautelarmente la concesión de ayudas públicas y le impidió presentarse a las elecciones generales. Y sobre todo cuando, ese mismo día, el juez Baltasar Garzón suspendió por tres años todas las actividades de ANV y el PCTV, clausurando sus sedes y embargando sus cuentas.
Garzón tuvo que dictar un auto aclaratorio cuando conoció que el grupo de ANV en las Juntas Generales (parlamento provincial) de Álava seguía cobrando subvenciones. Posteriormente, la Mesa de las Juntas acordó disolver el grupo de ANV, cuyos cuatro junteros pasaron al mixto.
Esta misma decisión se ha ido adoptando en algunos municipios, como los de Irún, Llodio, Lasarte, Barakaldo y, ayer mismo, Rentería. A su vez, la propia ANV, anticipándose a la ilegalización, comenzó a autodisolver sus grupos en los ayuntamientos donde gobierna, pasando a sus concejales al grupo mixto. La Abogacía del Estado ha recurrido estos acuerdos en Mondragón e Izurtza al considerarlos una maniobra fraudulenta para conservar sus prerrogativas como grupo. Aunque la jurisprudencia no es muy precisa, tras la disolución las concejales quedarían como no adscritos y verían muy recortados sus recursos y capacidad de actuación en el ayuntamiento.
