Las portavoces del PCTV declaran ante el juez por su relación con ETA
Las parlamentarias del PCTV-EHAK Nekane Erauskin y Karmele Berasategi prestaron ayer declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que investiga si esta formación sucesora de Batasuna destinó parte de sus fondos a apoyar a ETA o a formaciones ilegalizadas. Antes de entrar en el Palacio de Justicia de Bilbao, Erauskin reclamó la derogación de la Ley de Partidos y afirmó que la citación judicial "demuestra el estado de excepción en que vive Euskal Herria".
Las dos aforadas acudieron a declarar acompañadas por su abogada Jone Goirizelaia y arropadas por una treintena de personas, que les animaron con pancartas y gritos de apoyo. Para hoy han sido citados a declarar el presidente del PCTV, Juan Carlos Ramos, y los tesoreros de la formación, Jesús María Agirre y Sonia Jacinto, dentro del proceso por el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó en febrero la suspensión de actividades del partido.
Garzón imputó a Erauskin y Berasategi los delitos de colaboración e integración en organización terrorista y asociación ilícita, en parte extensibles a Ramos, Agirre y Jacinto. Los dos últimos fueron detenidos entonces como presuntos miembros de la nueva dirección de Batasuna.
Financiación
El auto les acusaba de haber "autorizado, diseñado y dirigido o participado" en operaciones a través de las cuales se permitió financiar a ETA u otras organizaciones ilegalizadas. La condición de aforadas de Nekane Erauskin y Karmele Berasategi hizo que el Tribunal Superior vasco se declarara competente en el caso. De su instrucción se encarga el magistrado Antonio García, que ha confirmado las actuaciones y medidas cautelares adoptadas por Garzón.
Erauskin, en sus declaraciones a la prensa, achacó el proceso a Ley de Partidos. Una norma, recalcó, que "no afecta sólo" a la izquierda abertzale, sino también "a otros partidos políticos y otras personas". Recordó, en este sentido, que en enero el Tribunal Superior sentará en el banquillo al lehendakari Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, y a Arnaldo Otegi y otros representantes de la ilegalizada Batasuna, imputados por un delito de desobediencia por las reuniones que mantuvieron durante el alto el fuego de ETA.
