"Creíamos que el juez Ferrín nos iba a arrebatar a nuestra hija"

Miedo y asombro. Son los sentimientos que predominaron en la segunda sesión del juicio por prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el juez Fernando Ferrín Calamita por obstaculizar la adopción de una menor por uno de los cónyuges de una familia homoparental. Miedo a perder a su hija fue lo que sintió Susana Meseguer cuando vio que el magistrado no sólo cuestionaba la idoneidad de su esposa, Vanesa de las Heras, como adoptante, sino también la suya propia como madre. Y asombro fue lo que manifestaron los técnicos del juzgado y del Gobierno murciano ante los informes que exigía el juez.

El artículo 176 del Código Civil establece que no es necesaria ninguna valoración de idoneidad del adoptante cuando el menor "es hijo del consorte". Pero Ferrín solicitó hasta tres informes del equipo psicosocial de su juzgado y de los servicios de menores de Murcia, además del preceptivo del fiscal, antes de tomar su decisión. Cuando vio que todos eran favorables a la adopción planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio gay.

La actitud del juez creó en la pareja una sensación de "miedo" y "desamparo", según declararon durante un proceso que podría apartar a Ferrín de la carrera. El magistrado no sólo cuestionó la idoneidad de la madre, también designó a la Dirección General de la Familia de Murcia como defensora judicial de la menor al apreciar un "conflicto de intereses" entre la niña, su progenitora y la esposa de ésta. La letrada de dicho organismo dijo que era la primera vez que asumía ese papel en una adopción.

"Llegamos a pensar que nos podían arrebatar a nuestra hija", aseguró De las Heras. "Teníamos miedo porque se nos estaba cuestionando. Nos sentíamos indefensas, desamparadas. No entendíamos que pidiera cosas que en teoría no hacían falta". El proceso que suele durar un par de meses se extendió dos años y "generó angustia en toda la familia". "Los compañeros de trabajo de Susana llegaron a preguntarle si le habían quitado la patria potestad".

Tanto la psicóloga como la trabajadora del equipo psicosocial del juzgado manifestaron que este caso era el primero de adopción por el cónyuge en el que un juez les pedía un informe sobre la idoneidad de la pareja. El hecho de que se concediera, coincidieron, "no iba a generar un cambio en la niña, sólo suponía regular una situación de hecho; la menor iba a seguir viviendo en esa familia", dijo la psicóloga. La trabajadora social fue más allá. La adopción, sostuvo, iba a mejorar los vínculos afectivos y legales, lo que daría a la menor derechos -herencia, por ejemplo- en caso de separación o de muerte.

Además comparecieron las técnicas de la Dirección General de la Familia a las que Ferrín solicitó una valoración posterior, que también avaló la petición del matrimonio. El juez solicitó al organismo una ampliación de dicho informe para determinar si vivir con dos madres incrementa la posibilidad de ser gay. Ambas declararon que eran "opiniones personales" del juez que se negaron a valorar. "A lo mejor el niño de un barrio marginal tiene más posibilidades de ser toxicómano, pero también puede que no", sentenció el jefe de Adopciones de Murcia, Luis Elvira.