Educación pretende dar las ayudas de comedor solo a rentas muy bajas
Malestar de directores y padres por la privatización y los recortes del servicio
El servicio de comedor escolar está inmerso en cambios. Cambios en el concurso público de adjudicación de la contratación del catering, que ponen en riesgo la participación de las pequeñas y medianas empresas valencianas, y también en el acceso al sistema de becas y ayudas oficiales. El proyecto de orden de la Consejería de Educación que regula las becas de comedor escolar pone coto a las clases media y trabajadora y limita prácticamente el acceso a las "rentas muy bajas". "Para que una familia con tres miembros pueda conseguir los 13 puntos de máximo -que fija la orden para obtener una beca de comedor- tendría que demostrar que ingresa 5.000 euros al año", puntualiza Carmen Rosales, asesora de la confederación de padres Gonzalo Anaya, que ha presentado una batería de alegaciones.
Los cambios en la baremación pueden afectar a 50.000 alumnos con beca
La votación en los consejos escolares rechaza los cambios en el servicio
Las ayudas al comedor escolar benefician este curso a más de 72.000 alumnos. La consejería no puede por ley eliminar la beca a los 22.000 alumnos que se desplazan forzosamente cada día para llegar a su colegio o instituto, pero sí puede recortar la ayuda entre los 50.000 beneficiarios restantes, mediante cambios de baremo.
La fórmula escogida para este "ajuste" presupuestario consiste en que "para la determinación de la renta familiar se tendrán en cuenta los importes contenidos en las casillas 455 y 465 (que es la base imponible general más la base imponible del ahorro)". Pero, en estas casillas no está el mínimo personal y familiar que se tiene que restar a la base imponible, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Esto hace pensar que será la Administración la que decida la cantidad a restar de la base imponible, lo cual se puede entender que le servirá para reducir beneficiarios", apunta Rosales.
Lo que sí recoge la orden fielmente es la doctrina de defensa del embrión introducida en la legislación valenciana por el vicepresidente Juan Cotino, destacado miembro del Opus Dei. "Esto es, para el cómputo de la unidad familiar, la orden contempla como miembro al niño no nacido; y, sin embargo, deja fuera a los hijos mayores de 26 años con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales o las personas mayores", censura Rosales.
Además de estas alegaciones, la confederación está inmersa en una campaña de recogida firmas entre los usuarios de los comedores para "evitar la privatización". Los consejos escolares, por su parte, han sometido a votación el modelo personalizado de atención que tienen ahora, frente al industrial que se propone implantar el Gobierno de Francisco Camps, siguiendo la estela de su homóloga Esperanza Aguirre.
La Administración valenciana ya ha contactado con seis empresas de ámbito nacional e internacional para implantar el modelo de adjudicación plurianual puesto en marcha por Aguirre en Madrid. Son las mismas empresas y el mismo pliego de condiciones. Una coincidencia de empresas y de concurso que han levantado ampollas entre las empresas valencianas del sector.
Por su parte, la Asociación de Directores de Primaria hizo público ayer su "malestar" por "el interés de la Administración educativa de privatizar el servicio de comedor escolar" y advirtió que lleva aparejado "un control de las becas". Los directores denuncian la "angustia de las familias de ver que las ayudas peligran", ya que la consejería está "retrasando" la publicación de la citada orden.
