Una sacudida a la regulación de Wall Street
La reforma financiera acordada ayer por los representantes de la Cámara de Representantes y del Senado que debían conciliar los textos aprobados por ambas cámaras supondrá una sacudida a la regulación de Wall Street. Los críticos consideran que se queda demasiado corta, pero en todo caso introducirá reformas de calado que se dejarán notar en el negocio de los grandes bancos.
La reforma trata de poner coto a las prácticas que desencadenaron la crisis financiera y económica actual. También procura evitar el riesgo de quiebras, como la de Lehman Brothers, que arrastren a todo el sistema. Por eso se establecen cautelas sobre el negocio y también un sistema de liquidación ordenada.
A las grandes firmas financieras como Bank of America y Goldman Sachs que reciban depósitos de clientes se les prohibirá la negociación por cuenta propia. Además, solo se les permitirá realizar inversiones mínimas en los fondos de alto riesgo (hedge funds) y en las firmas de capital riesgo (private equity). Como máximo, podrán comprometer el 3% de sus fondos propios y no podrán aportar más del 3% del capital de un fondo de ese tipo.
Más capital
Esos grandes bancos deberán hacer frente también requerimientos de capital más estrictos, de modo que no pongan en peligro la estabilidad del sistema financiero, aunque tendrán varios años para crear esos nuevos colchones de reservas.
Al tiempo, las grandes firmas de Wall Street se verán obligadas a escindir algunos de sus rentables negocios de derivados, aunque podrán seguir contratando coberturas de divisas y permutas de tipos de interés. La mayoría de los derivados deberán negociarse a través de cámaras de compensación centralizadas o en mercados organizados y solo una minoría quedará fuera de los mercados regulados (over the counter).
Los productos de las firmas financieras, como hipotecas y tarjetas de crédito estarán sujetas a las nuevas normas de una oficina de nueva creación diseñada para proteger a los consumidores. Las financieras y concesionarias de automóviles han logrado escapar de esa supervisión.
La nueva norma también establece mayor responsabilidad de las agencias de calificación, que podrán ser demandadas en casos de negligencia. Además, serán supervisadas más estrictamente y tendrán dos años para encontrar la manera de mitigar sus conflictos de interés.
