La juez también indaga financiación a partidos políticos

La juez encargada del caso Brugal, la titular del Juzgado número 3 de Orihuela, investiga también, como consecuencia de las decenas de grabaciones incautadas durante el proceso, si el industrial Ángel Fenoll, afín al PP, colaboró en las campañas de los partidos políticos de Orihuela y otras poblaciones de la comarca. Sobre este capítulo de las diligencias no ha trascendido nada, ya que el caso está bajo secreto del sumario desde mayo de 2007.

Y es que Ángel Fenoll es considerado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, como la punta de lanza de la trama de corrupción político-empresarial de Orihuela. Natural de Santomera (Murcia), Fenoll inició su andadura a principios de la década de los 80 de la mano del ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana Luis Fernando Cartagena, entonces alcalde de Orihuela. Eran tiempos en los que todo el PP valenciano era una piña alrededor de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat valenciana. Y cuando eso cambió, el industrial se mantuvo afín al sector zaplanista.

Fenoll ha levantado un imperio empresarial al sur de la provincia de Alicante y en Murcia. Fernando Cartagena le adjudicó a dedo la contrata de basuras en la costa y el empresario, después, fue obteniendo las de otros 19 municipios de la provincia y un vertedero ilegal en Torremendo.

Fenoll niega su militancia conservadora, pero el empresario fue condenado por comprar votos para el PP con motivo de las elecciones municipales de 1991. Tiempo después, también fue condenado junto a Cartagena por falsedad en el conocido como caso de las monjas, la apropiación de una donación de 49.000 euros realizada por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Este caso llevó a Cartagena a la prisión, aunque su paso fue breve. Y Fenoll acumula una tercera condena por tenencia ilícita de armas.

Al margen del caso Brugal, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha realizado otras sonadas operaciones. En octubre de 2008, el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela decretó la detención del entonces alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, que terminó convirtiéndose en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística.

Y un día después, la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, fue detenida junto con cuatro concejales más por urdir un falso soborno a un edil independiente de la corporación.