Discrepancias en el PP sobre la renovación del Constitucional
García Escudero es partidario de acelerar los nombramientos
Si el PP quiere, un tercio del Tribunal Constitucional será renovado en septiembre, pero si se empeña, puede poner dificultades y mantener el bloqueo. Por eso hay discrepancias en el primer partido de la oposición sobre la forma de proceder, según fuentes del PP.
La explicación es que la no renovación inmediata podría tener como consecuencia la anulación de leyes fundamentales para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como la del aborto. Por eso, hay destacados miembros del PP, como el portavoz de Justicia e Interior, Federico Trillo, que son partidarios de seguir demorando la renovación.
Trillo fue quien diseñó la estrategia para que todos los parlamentos autonómicos del PP presentaran como únicos candidatos a Francisco Hernando y a Enrique López, presidente y portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial, sabiendo que eso bloquearía la renovación por el rechazo del PSOE. De esa forma, también logró una mayoría más favorable a sus posiciones en la deliberación y la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
Los populares se plantean recurrir el veto del Senado a Enrique López
La otra posición es la que encabeza el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, y consiste en levantar el bloqueo y proceder ya a la renovación, incluso para culminarla en la primera quincena de septiembre. La última palabra, obviamente, la tiene Mariano Rajoy, presidente del PP.
En julio la Comisión de Nombramientos del Senado anuló la candidatura de Enrique López, con la oposición frontal del PP, por no cumplir los requisitos de años de trabajo efectivo en la carrera judicial. García Escudero es partidario de que el PP dé inmediatamente un nombre alternativo al de López, para que pase por la Comisión de Nombramientos y sea elegido en el Pleno del Senado. En todo caso, esta semana hablará con Carmela Silva, portavoz del PSOE.
Sin embargo, la otra tesis es la de intentar insistir en la candidatura de Enrique López, recurriendo ante el Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Senado, lo que demoraría el proceso de renovación hasta que hubiese sentencia sobre la ley del aborto.
Y, en todo caso, puesto que fue un nombre propuesto por los parlamentos autonómicos, exigiría cumplir estrictamente la ley e iniciar el proceso en cada comunidad autónoma para dar un nombre alternativo a López. Esa posibilidad volvería a retrasar la renovación que está pendiente desde diciembre de 2007. La tesis sería que habría un cierto fraude a la ley del Tribunal si el Grupo Popular suplantara a los parlamentos autonómicos en la propuesta.
Otra fórmula que el PP baraja para retrasar esa renovación es exigir que se negocien previamente todas las vacantes de órganos constitucionales pendientes y que requieran el acuerdo de los dos grandes partidos. Por ejemplo, la del Defensor del Pueblo y la de cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato vence en noviembre, pero cuya renovación ya se ha puesto en marcha desde julio con la notificación del Tribunal a la Cámara baja.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó ayer a asegurar en Onda Cero que el PSOE debe cumplir el procedimiento legal de designación de magistrados del Constitucional, cumpliendo las propuestas que han llegado al Senado desde los parlamentos autonómicos.
El voto del vicepresidente Jiménez
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, votó con el sector conservador del Tribunal a favor de dejar en suspenso la ley del aborto hasta que se resuelva el recurso del PP, en vez de hacerlo con los progresistas, como informó ayer por error este periódico.
Así, el único magistrado conservador que votó con la mayoría progresista en contra de dejar en suspenso la ley fue Vicente Conde, por entender que no cabe suspender una ley estatal por la interposición de un recurso.
El vicepresidente Guillermo Jiménez no formuló voto particular disidente de la mayoría, sino que se adhirió al presentado por el magistrado Ramón Rodríguez Arribas.
En dicho voto particular, Rodríguez Arribas, con la adhesión de Guillermo Jiménez, se muestra a favor de la suspensión del aborto porque si después resultara inconstitucional alguno de los preceptos impugnados, "su aplicación habría producido perjuicios irreparables: la extinción de la vida de los nasciturus abortados".
Rodríguez Arribas se pregunta si el Tribunal Constitucional habría tenido la misma actitud "si se tratara de una ley que despenalizara o incluso regulara como prestación sanitaria la ablación del clítoris"; o que "para evitar atentados terroristas autorizara la tortura"; o que, "ante una invasión masiva de pateras, dispusiera la inmediata expulsión de los inmigrantes de raza negra".
"No es aventurado pensar que se buscarían, y con toda seguridad se encontrarían, 'interpretaciones conformes con la Constitución' que permitieran al Tribunal, con carácter excepcional, la suspensión de la aplicación de leyes de aquel contenido". Rodríguez Arribas aclara que en esos casos, también apoyaría la suspensión como lo ha hecho en el caso del aborto.
