_
_
_
_
_

La 'ley escoba' deja sin voz a 225 asociaciones

Críticas ante la supresión del Consejo regional de la Juventud y el de la Mujer, que agrupaban a 225 asociaciones y sumaban un presupuesto de 500.000 euros

Jesús Sérvulo González

El Gobierno regional de Madrid presentó hace una semana un plan para adelgazar la Administración regional. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, ley escoba, eliminaba de un plumazo 102 entidades, empresas y organismos consultivos regionales. Entre ellos, el Consejo de la Mujer y el de la Juventud, que agrupan a 225 asociaciones ciudadanas. La medida ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición (PSM e IU) y organizaciones juveniles y feministas.

El Consejo Económico y Social (CES) avaló ayer la Ley de Acompañamiento que recoge la medida. CC OO y UGT la recurrirán porque consideran que vulnera la Constitución.

La mayoría de las entidades suprimidas apenas tiene presupuesto. Muchas desarrollaban su actividad con independencia del Ejecutivo regional, que será quien ahora asuma todas sus competencias. Las asociaciones se quejan de que pierden un espacio de participación y una interlocución independiente con la Comunidad. Las entidades suprimidas más relevantes son las siguientes:

Más información
Los sindicatos creen que la 'ley escoba' es inconstitucional

- Consejo de la Mujer. Este ente público de la Comunidad de Madrid cuenta con tres empleados públicos que pasarán a formar parte de la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, que dirige Paloma Adrados. Durante el presente ejercicio ha recibido una subvención de la Comunidad de 306.514 euros, según consta en los presupuestos regionales, que prevén que arroje un beneficio de 24.506 euros en 2010. El ente cuenta con 143 asociaciones de mujeres. En las cuentas del próximo ejercicio la Comunidad de Madrid recogió más de 30 actividades "específicas a desarrollar por el Consejo". Ha elaborado numerosos informes. Ayer publicó el último: "La mitad de las asesinadas por violencia de género tenían entre 31 y 50 años". Los miembros del Consejo se han enterado de la supresión por la prensa, según reconocen en un comunicado. El PSM ha anunciado una campaña para evitar la supresión.

- Consejo de la Juventud. Cuenta con un empleado y una subvención de la Comunidad de Madrid de 195.480 euros. Los presupuestos prevén un beneficio de 802 euros en 2010. Las cuentas regionales de 2011 recogen numerosas actividades para esta entidad. Cuenta, también, con 82 asociaciones integradas. Edita una revista semestral, coordina las campañas con las organizaciones juveniles de la región y ha publicado varios informes. En lo que va de año ha realizado siete actividades y ha emitido ocho notas de prensa, según su página web.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

"A partir de ahora no existirá un interlocutor con la Administración que transmita las inquietudes y necesidades de los jóvenes", señaló ayer el Consejo en un comunicado. Los miembros del Consejo se concentrarán hoy ante la sede del Gobierno regional en Sol para protestar por la eliminación de este órgano. Sus competencias pasarán a la Dirección General de la Juventud, dependiente de la Consejería de Empleo y Mujer.

Tres de las asociaciones de este Consejo denunciaron ayer su "politización". A pesar de ello, la supresión de estas organizaciones ha despertado gran malestar en el movimiento asociativo madrileño. Los portavoces parlamentarios del PSM e IU, Maru Menéndez y Gregorio Gordo, criticaron ayer "el desmantelamiento de los espacios de participación ciudadana". Por su parte, la directora general de Juventud, Guadalupe Bragado, aseguró ayer que el Consejo de Juventud acumuló un gasto de 2,7 millones. "No merma el compromiso del Gobierno con los jóvenes", justificó Bragado.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_