La declaración del estado de alarma doblega a los controladores aéreos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fulminó ayer la huelga salvaje desatada por los controladores aéreos mediante la imposición, por primera vez en democracia, del estado de alarma. La medida, con 15 días de vigencia y basada en la "situación de catástrofe pública", supone la militarización de los controladores hasta el punto de que si se niegan a acatar las órdenes de ocupar sus puestos de trabajo, incurren en un delito de desobediencia castigado por el Código Penal Militar con hasta seis años de cárcel. El drástico decreto dio un giro radical al conflicto. Nada más entrar en vigor, los controladores, con un sueldo medio de 200.000 euros, dejaron de estar de baja y regresaron el 90% a sus puestos. Poco a poco los aeropuertos reanudaron sus vuelos. Unas 650.000 personas, atrapadas al inicio del puente, han sufrido los efectos del mayor parón aéreo registrado en la Península, que ha supuesto la suspensión de 4.300 vuelos.