Bélgica: ¿Me das un Gobierno?
El país continúa embarullado con los resultados de las elecciones del pasado 13 de junio y el viernes batirá el récord europeo de días sin Ejecutivo
Batidos el día de Navidad todos los récords (nacionales) de jornadas (195) con un Gobierno en funciones, cruzado el 30 de diciembre el cabo de los 200 días sin Ejecutivo, Bélgica despierta en 2011 con los ojos puestos en este lunes, cuando el senador socialista flamenco Johan Vande Lanotte debe presentar su plan para salir del marasmo institucional a los siete partidos que negocian el futuro del país.
El miércoles se sabrá si el documento es admitido por todos como base de discusión para formar Gobierno (proceso que durará semanas) o si la clase política se engolfa de nuevo en el ombliguismo a costa de Bélgica. Sea lo que sea, el próximo viernes Bélgica superará la plusmarca continental holandesa de 208 días sin Gobierno, vigente desde 1977.
El rey pide buscar "el compromiso que une y no exacerbar las diferencias"
Bélgica debe tomar medidas ya o será carne de cañón de los mercados
La presidencia belga de la Unión Europea del segundo semestre de 2010 concluyó sin que la ausencia de un Gobierno con plenos poderes afectara lo más mínimo a la gestión de los Veintisiete, que ha funcionado como la seda. Pero la presión crece sobre un país al que la agencia de crédito Standard & Poor's amenazó hace unos días con una degradación de su solvencia. El actual Gobierno en funciones, con las manos constitucionalmente atadas, no puede legislar ni adoptar medidas de calado socioeconómico ni poner en marcha planes para reabsorber el déficit de 25.000 millones de euros de aquí a 2015.
Los belgas están cansados del juego de los políticos y el rey Alberto II lo hizo notar en su alocución de Nochebuena. "Me parece que hemos olvidado un poco en los últimos años el arte del compromiso", apuntó el soberano. "Ha llegado la hora en que el auténtico valor consiste en buscar decididamente el compromiso que une y no exacerbar las diferencias". Acto seguido, Alberto llamó solemnemente "a todos (...) a ser los artesanos de la paz".
En el peculiar sistema político belga, Vande Lanotte es el tercer emisario real que busca un acuerdo para reunir las piezas que saltaron por los aires con las elecciones anticipadas del 13 de junio, comicios que convirtieron a la conservadora y secesionista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) en el partido más votado del país. Su aplastante irrupción, su programa basado en el victimismo de la cartera ("los valones se quedan con nuestro dinero") y sus ambiciones a largo plazo desestabilizaron el siempre precario equilibrio político belga.
Primero el socialista valón (francófono) Elio di Rupo y luego el propio líder de la N-VA, Bart De Wever, fracasaron en su misión de mediadores reales para consensuar con los demás partidos la hoja de ruta con que emprender la sexta reforma institucional belga (en cada oportunidad hacia una mayor descentralización) desde 1970. Fracasados Di Rupo y De Wever en sus tanteos, desde finales de octubre asume el empeño Vande Lanotte, quien hoy presentará una voluminosa "propuesta de compromiso global" a los siete partidos (socialistas, democristianos y verdes de cada lado de la frontera lingüística belga más la N-VA, que no tiene contrapartida en el sur; los liberales flamencos y francófonos no participan en las negociaciones) de la que ya hace unos días les hizo un adelanto. Las primeras reacciones no fueron negativas, pero todo es posible antes de que los siete decidan el miércoles si es lo suficientemente plausible como para negociar a partir de ella los futuros contornos del Estado y, en consecuencia, pensar ya en la formación de un nuevo Gobierno.
Y el tiempo corre. El vicepresidente y ministro de Finanzas del Ejecutivo en funciones, Didier Reynders (liberal, ajeno a las negociaciones), advertía a finales de diciembre que "de aquí a tres meses" Bélgica deberá tomar medidas económicas para no ser carne de cañón de los mercados a la griega o a la irlandesa.
Las ideas de Vande Lanotte son detalladas y cubren un amplio abanico de medidas, alguna tan singular como que las regiones apliquen a su gusto el código de circulación y tengan autonomía para imponer multas (los flamencos se quejan de que sus carreteras tienen más radares que las del sur y que el Gobierno central les sangra a multas).
Empleo, justicia, ayudas familiares, sanidad, juventud son otros renglones a debate que culminan en la clave del arco, la Ley de Financiación (que otorga a las regiones una autonomía fiscal todavía por definir en sus detalles) y el modo de plantear el futuro de la periferia bruselense francófona, esos ayuntamientos de la corona de la capital que constituyen unas problemáticas excepciones en un país cuyo régimen constitucional quiere que en Flandes -en donde están enclavadas Bruselas (que es de jure bilingüe y de facto francófona al 95%) y su corona lingüísticamente mestiza- la lengua oficial sea el neerlandés.
Cualquier cosa puede ocurrir. Si hay acuerdo, Bélgica debería salir del túnel institucional en semanas. Si no lo hay, pueden plantearse tres opciones: un Gobierno con poderes especiales y funciones limitadas con apoyo parlamentario externo para responder a los desafíos más urgentes; un cambio (de personalidades o de familias políticas) en las negociaciones, o la convocatoria de nuevas elecciones, que crisparía más los ánimos sin ofrecer resultados esencialmente diferentes a los de junio. Esas tres... o cualquier otra, que para complicaciones nada supera al delirante régimen político-institucional belga.
El récord mundial de 289 días sin Gobierno lo ostenta Irak. Alcanzarlo le supondría a Bélgica arrastrar sus penalidades hasta el próximo 30 de marzo, un lujo que no puede permitirse. El rey Alberto, Reynders y Standard & Poor's lo han dicho.
Hungría, una presidencia amordazada
Budapest asume con la entrada de 2011 la presidencia de la Unión Europea en un hecho sin precedentes para ambos, como tampoco tiene precedentes la ley de prensa mordaza en vigor desde el mismo día 1 que acompaña los primeros pasos de los magiares al frente de los Veintisiete. Socios comunitarios, entidades defensoras de los derechos humanos y organizaciones internacionales de medios de comunicación se han alzado contra la ley. Alemania ha sido el primero en avisar, al señalar a Budapest que la presidencia de la UE tiene un valor simbólico y ejemplar incompatible con la censura.
Al presentar hace unos días en Bruselas sus planes presidenciales, el ministro húngaro de Exteriores, Janos Martonyi, intentó quitar hierro a las preguntas sobre la mordaza impuesta por el partido conservador Fidesz a los medios de su país. "Critiquen a la presidencia húngara si ven que hay cosas que criticar", animó el ministro a la prensa europea.
La ley no había aún entrado en vigor, pero ya el 1 de enero se ha estrenado lanzando una investigación sobre una emisora que emitió una canción del rapero Ice-T por ser "susceptible de influir negativamente en el desarrollo de los menores". Al rapero le ha dado la risa, pero es de los pocos que se lo toman a broma.
Aplicada por una autoridad (NMHH) compuesta únicamente por miembros del Fidesz, la ley contempla la posibilidad de imponer multas de hasta 730.000 euros (en Hungría suficiente para cerrar muchos medios) por "atentado contra el interés público, el orden público y la moral", o simplemente por incurrir en lo que los censores consideren "informaciones parciales". El NMHH podrá requerir los datos confidenciales a los medios de comunicación y obliga a los periodistas a revelar sus fuentes en cuestiones relativas a la seguridad nacional.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) fue la primera en alertar del desmán que tramaba el Gobierno de Viktor Orban y abrió el camino a otros Gobiernos e instituciones, entre los que la Comisión Europea brilla por su frialdad: un portavoz se escudó en la necesidad de estudiar al caso para poder hacer comentarios.
La oposición húngara ha anunciado que recurrirá la legalidad de la ley mordaza ante el Tribunal Constitucional y el Gobierno parece dar señales de que duda de la medida adoptada. El secretario de Estado adjunto para Europa, Gergely Pröhle, ha invitado a la OSCE a debatir en Budapest sobre la ley, medida que Berlín valora como un buen paso.
