El Ejecutivo rechaza la devolución de competencias con que amaga el PP

Las dificultades de las comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit les ha obligado a plantearse medidas y soluciones que, en algunos casos, han reabierto el debate sobre el sistema autonómico. Algunas comunidades gobernadas por el PP están considerando desprenderse de aquellas competencias que les generan mayor gasto. En Murcia, su presidente, Ramón Luis Valcárcel, alertó ayer de nuevo de que si la comunidad no recibe la financiación suficiente no dudaría en renunciar a gestionar sanidad y educación, tras paralizar la transferencia de justicia en marcha. Castilla-La Mancha, gobernada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, también han decidido no asumir esa competencia. Un debate que ayer consideró el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana como de "sentido común", y que valora el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, aunque no para su comunidad, y la madrileña Esperanza Aguirre. Todos del PP.

Montoro dice que la postura de Rajoy no es renunciar a lo transferido

El Ejecutivo entiende que tras esta postura de las comunidades del PP subyace una actitud "renacionalizadora" de ese partido contraria a "la esencia del Estado de las Autonomías", como destacaron ayer tanto el vicepresidente Manuel Chaves como la vicepresidenta Elena Salgado. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, aventuró que posiciones como las de Valcárcel suponen renunciar al modelo constitucional.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo tiene así de claro: "En el PP nunca han creído en el título octavo de la Constitución y, por tanto, se sienten incapaces de gestionarlo y de asumir sus responsabilidades". Y ofrece un argumento jurídico: "Las comunidades que tienen las competencias ya transferidas tienen que cumplir con su responsabilidad y devolverlas implicaría una reforma de la Constitución y los estatutos. Cuando uno los redacta, la Constitución permite asumir las competencias que uno quiere. Se negocia la transferencia y se valora económicamente tras largos debates y discusiones. No se puede ser autonomista para las maduras y no para las duras".

La posición de la cúpula del PP, no obstante, la marcó ayer Cristóbal Montoro: "Nuestra propuesta no es esa pero entendemos que algunos presidentes hablen así como expresión de lo que está pasando y de los incumplimientos del Gobierno socialista, por ejemplo respecto de la Ley de Dependencia".

Caamaño lanza un debate más de fondo que el meramente competencial: "Desde 2004, los poderes públicos españoles han incrementado la inversión en Justicia en más del 50%. Hemos mejorado algo la eficiencia, pero no en los ritmos deseables. España invierte hoy más en Justicia por habitante que Francia, Reino Unido e Italia. Es decir, con dinero no se soluciona el problema, hay que cambiar el modelo".