EE UU presenta una demanda masiva contra la banca por negligencia
La agencia de vivienda acusa a 17 grandes entidades de provocar pérdidas tras vender hipotecas de baja calidad por 179.000 millones de dólares
La batalla para exigir responsabilidades a Wall Street por el fiasco de las hipotecas basura cobró ayer nueva dimensión. La Agencia Federal de la Vivienda (FHFA, en sus siglas en inglés) presentó ayer una demanda multimillonaria en la que acusa a Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Citigroup, Nomura y otros grandes grupos financieros de provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros) a las dos entidades prestamistas públicas Freddie Mac y Fannie Mae tras venderles hipotecas de dudosa calidad por valor de 179.000 millones (unos 123.000 millones de euros al cambio actual).
La agencia que vela de las dos agencias hipotecarias semipúblicas considera en su acción judicial que estos bancos mintieron sobre la calidad de los paquetes de deuda hipotecaria que vendían a Fannie y Freddie, lo que a su vez contribuyó a inflar la burbuja inmobiliaria. Después, cuando el mercado inmobiliario se vino abajo, provocó severas pérdidas al contribuyente.
Los bancos faltaron a su obligación de comprobar la calidad de los activos
En total, son 17 entidades las demandadas por negligencia. El caso más llamativo es el de JP Morgan Chase, acusada de vender préstamos por valor de 33.000 millones de dólares (más de 23.000 millones de euros). Le sigue Bank of America y su filial Merrill Lynch, por 30.850 millones. La demanda también cita a Deutsche Bank (14.200 millones), HSBC (6.200 millones), Barclays (4.900 millones), Citigroup (3.500 millones) y Nomura (2.000 millones) junto a Goldman Sachs.
Se trata de una acción legal por la vía civil muy similar a la que en julio lanzó contra el grupo suizo UBS, en la que le reclama 900 millones de dólares (633 millones de euros). Entonces el regulador dijo que seguirían demandas contra otros bancos. La acción de la Administración de Barack Obama se inicia a menos de dos semanas de cumplirse con el tercer aniversario del derrumbe de Lehman Brothers.
La titulización de hipotecas está en el corazón del colapso financiero. La agencia considera que los bancos faltaron a su obligación de comprobar la calidad de los activos que colocaban en el mercado y fallaron al ver que los hipotecados estaban aportando pruebas falsas o exageraron sus ingresos para hacerse con los préstamos. Eso provocó que la deuda vinculada a las hipotecas perdiera más rápido su valor cuando se retrasaron en los pagos. El argumento para el ataque legal es conocido, y es quizás la única vía por la que el regulador puede exigir algún tipo de responsabilidad a Wall Street por los excesos durante los años del boom inmobiliario. Washington busca un reembolso para limitar las pérdidas al contribuyente con la depreciación de esos activos. Es algo que intentan también inversores privados.
El proceso para restaurar la confianza en la banca será lento. Desde la asociación bancaria se teme que los continuos procesos legales sigan creando incertidumbre y eche para atrás a las entidades a la hora de conceder determinados préstamos. No lo piensan así las organizaciones que protegen al consumidor, que dicen era hora que los reguladores busquen justicia.
Uno de los más acosados por los litigios legales es Bank of America, que en junio llegó a un pacto con un grupo de inversores por el empaquetado de hipotecas de Countrywide. Este acuerdo está en suspenso a petición del fiscal general de Nueva York, al que se suma a una demanda de la aseguradora AIG. Fannie y Freddie fueron dos de los grandes inversores en deuda.
Relacionado con el fiasco hipotecario, la Reserva Federal inició el jueves una acción contra Goldman Sachs por las prácticas de su antigua filial Litton Loan Services en el proceso de embargo de viviendas. El banco central estadounidense, que vigila a las grandes firmas financieras del país, le advierte de que esta conducta puede ser objeto de reprimenda financiera.
Wall Street se plante en estos momentos el siguiente debate: con una economía y un mercado de la vivienda tan vulnerables, ¿es conveniente reforzar esta batalla legal? Sobre todo cuando la Casa Blanca trata de definir un plan que le permita, con la ayuda de los bancos, contener la degradación del sector inmobiliario, que no termina de tocar fondo tras cuatro años de contracción en las ventas y en los precios.
