El Congreso limita el poder del Consejo de Administración de RTVE
Rechaza que este organismo pueda asumir las funciones del presidente
La dimisión de Alberto Oliart ha generado en RTVE una situación de descontrol que dura ya dos meses y medio. El Congreso de los Diputados avala la salomónica decisión del Consejo de Administración de ostentar la presidencia de manera rotatoria entre los consejeros (cada mes uno, por orden alfabético), pero limita los poderes que había asumido el Consejo en pleno. Los 11 vocales decidieron añadir a sus funciones las competencias ejecutivas que tenía asignadas Oliart en su calidad de presidente de RTVE.
Pero la Cámara baja descabala el acuerdo del Consejo en un informe hecho público ayer en el que subraya que las funciones encomendadas al presidente y que no hayan sido delegadas no pueden ser reasumidas (son funciones "legales y estatutarias"). Las competencias del presidente de RTVE "al ser propias del mismo, sin más, no son susceptibles de ser atribuidas al consejo", dice el dictamen. Todo porque la presidencia del Consejo y la de RTVE son dos cargos diferentes. De hecho, este último es expresamente designado por las Cortes.
Los 11 consejeros quisieron asumir competencias ejecutivas
El Congreso aprovecha el informe para cuestionar los "recientes acuerdos adoptados" en el seno del Consejo, en velada referencia al pacto alcanzado el miércoles pasado para acceder al sistema de edición de los telediarios (conocido como iNews) que fue revocado 48 horas después. Este informe fue encargado tras el dictamen de la Abogacía del Estado que negaba la posibilidad de que cualquiera de los consejeros asumiera la presidencia ejecutiva. La dimisión de Oliart abría una puerta (no prevista en la ley) que descabezaba la televisión pública.
Para superar ese vacío de poder el Consejo decidió asumir en pleno las funciones imprescindibles para cumplir el servicio público, puesta ahora en entredicho por la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso. Pero los consejeros discrepan de esta interpretación y anuncian que podrían solicitar más aclaraciones para saber con precisión cuáles son las competencias del presidente, las delegadas, las compartidas y las exclusivas. La redacción de los textos sobre las competencias del Consejo y del presidente de RTVE "hace difícil" discernir la frontera entre unas y otras, dicen.
Algunos consejeros sostienen que una interpretación rígida podría conducir a la parálisis de la empresa. Por ejemplo, en los últimos días se han efectuado nombramientos de alto nivel, como el del gerente de TVE, que (lógicamente) no han sido propuestos por el presidente de RTVE, como exige la normativa. De seguirla al pie de la letra tampoco se podría haber remitido a Hacienda el anteproyecto de presupuesto de 2012, añaden. Otros vocales apuntan que las decisiones adoptadas en los últimos dos meses podrían ser cuestionadas.
Pese a esta situación atípica, el Congreso no exime a los presidentes rotatorios de comparecer en las Cortes para dar cuenta de la gestión de la compañía.
Cronología de una crisis
- 6 de julio. El presidente de RTVE, Alberto Oliart, dimite. Solo un día antes se había conocido que la televisión pública había adjudicado un contrato de prestación de servicios técnicos a la filial de Telefónica TBS, dirigida por uno de sus hijos.
- 7 de julio. La elección de un presidente queda en el aire. El PP no parece dispuesto a consensuar ningún nombre y se requieren dos tercios del Congreso para designarlo. En el desconcierto, el Consejo espera instrucciones de las Cortes.
- 12 de julio. La abogacía del Estado emite un informe en el que sostiene que un presidente interino no puede ejercer funciones ejecutivas.
- 20 de julio. Los 11 consejeros llegan a un pacto. Mes a mes se irán turnando para ejercer la presidencia. PP y PSOE dan su beneplácito.
- 21 de septiembre. Los consejeros votan su acceso a la herramienta informática de los periodistas para supervisar los telediarios antes de emitirse. La propuesta de la consejera Rosario López Miralles (PP) solo obtuvo dos votos en contra, el de la consejera de IU, Teresa Aranguren, y el del representante de UGT, Santos Ruesga. Votaron a favor los del PP y CiU. PSOE, CC OO y ERC se abstuvieron
- 23 de septiembre. En una sesión de urgencia, los consejeros revocan el acuerdo. El vocal designado por CC OO, Héctor Maravall, presenta su dimisión.
