Gobierno y autonomías ni ven ni oyen
La televisión digital terrestre ha traído consigo canales dedicados exclusivamente a la emisión de programas de videncia, brujería y esoterismo. Algunas emisoras explotan una licencia legal, pero muchas otras se han instalado en el dial sin ninguna autorización administrativa. Son canales piratas. Se aprovechan de la indiferencia y la dejación de los poderes públicos para emitir con impunidad. Vulneran la ley por partida doble: por un lado, ofrecen contenidos de adivinación en horario de protección infantil; y, por otro, emiten sin tener adjudicada una frecuencia.
Pero la Administración ni ve ni oye a los echadores de cartas ni quiere enterarse de las estafas a las que, a menudo, se somete a los espectadores. El Ministerio de Industria, responsable de marcar la política audiovisual, y las comunidades, con competencias en sus respectivos territorios, se tiran la pelota de un lado a otro. Esquivan la responsabilidad a la hora de cerrar los cada vez más numerosos canales.
En Madrid, por ejemplo, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre (PP) ha declinado en los últimos meses toda responsabilidad sobre estos operadores para descargarla sobre Industria. A su vez, el ministerio responde que la competencia para limpiar el dial de contenidos irregulares y de empresas sin licencia es de la comunidad.
¿A quién le corresponde la tarea? El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó la semana pasada que la competencia es autonómica. "Hay un problema", advirtió, ya que "ninguna comunidad autónoma se quiere enfrentar a una radio o una televisión sin licencia". Los socialistas reclaman un acuerdo de alcance político. "No puede ser que una Administración vaya de guapa dando las licencias y otra de fea cerrando los canales".
